El juez de la Audiencia Provincial, Juan Pedro Yllanes, dictó una sentencia absolutoria para la pareja de Sant Antoni juzgada el 6 de octubre en Vila acusada de un delito de abusos sexuales y contra la salud pública.
Los hechos juzgados se remontan al 2005 cuando la denunciante trabajaba para la pareja realizando tareas de casa. Años después, la investigación de la Guardia Civil relacionó a la pareja con otros presuntos abusos a mujeres a las que reclamaba para probar un «estimulador electrónico» para el cual debían ingerir gran cantidad de bebidas.
La Fiscalía y las defensas de los acusados solicitaron la libre absolución ya que, según argumentaron, no hay pruebas de las acusaciones y las «versiones son contradictorias». Por su parte, la acusación solicita 12 años de prisión para cada uno y 15.000 euros de indemnización.
En el auto absolutorio, el magistrado Juan Pedro Yllanes explica que la verosimilitud del testimonio de la víctima y la persistencia en la incriminación presenta «detalles diversos y contradictorios cuya conjunta valoración conduce a negar la verosimilitud de dicho testimonio».
Anta la falta de pruebas de cargo se impone la presunción de inocencia y el principio «in dubio pro reo». Durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio de la denunciante y otras ocho presuntas víctimas de las agresiones sexuales por parte de la pareja. La denunciante del caso narró que tomó dos o tres cervezas pero salió «muy aturdida. Luego me ofrecieron droga para espabilarme, pero me puse peor. Tengo muchas lagunas pero recuerdo que me ataban a una cama y él me introdujo varios objetos sexuales y los dedos».
Después, la mayoría de las chicas narraron entre lágrimas el mismo proceso: les ofrecían cervezas, chupitos y también cocaína y al final llegaban las relaciones.
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