El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó ayer, con el voto en contra de PSOE-ExC, sus alegaciones al Plan Territorial de Eivissa (PTE), aprobado de forma inicial por el Consell.

El alcalde Vicent Marí no ahorró en descalificaciones al documento y al presidente Xico Tarrés. Sobre el PTE dijo que es un documento «ideológico» e «intervencionista» y que supone la «sovietización de nuestra cultura, economía e historia». Sobre Tarrés aseguró que su anuncio de que «si no hay consenso no se aprobará» se debe «a que se dio cuenta de su metedura de pata». «Dice que ahora pondrá un árbitro, pero los verdaderos árbitros serán los ciudadanos el próximo 23 de mayo, porque si conseguimos la mayoría este PTE se retirará», insistió, y anunció que el consenso «a estas alturas es imposible», por lo que pidió la retirada del documento.

Por su parte, el portavoz de la oposición, José Luis Pardo, se limitó a repetir las intenciones de Tarrés de buscar el consenso, mientras que el concejal no adscrito, Mariano Torres, afirmó que un acuerdo «es difícil porque el PP tiene un modelo de desarrollo y nosotros tenemos otro».

Las alegaciones

El escrito de alegaciones contiene consideraciones propias de un informe jurídico. Las mismas califican el documento del Consell como «nulo de pleno derecho», tanto por su tramitación como por la ausencia de un Estudio Económico Financiero.

En este sentido, según las alegaciones, el PTE «constituye una revisión y no una modificación» del Plan Territorial Insular (PTI) debido a su «ámbito y alcance». Por ello, indica, el procedimiento debe ser el mismo que se sigue para la elaboración propia de un plan territorial, ajustándose a la Ley de Ordenación del Territorio (LOT). Asimismo, destaca que al no tener una valoración económica de los recursos naturales afectados incumple la Ley 6/1999 de Directrices de Ordenación Territorial.

Por otra parte, Santa Eulària también alega que el plazo de información pública es «insuficiente» y que la incorporación al plan de criterios de la Comisión Insular de Territorio y Patrimonio (Ciotupha) es «improcedente» porque otorga carácter reglamentario a «opiniones» que pueden ser contradictorias con «la realidad social futura».

Entre otras cuestiones, acusa de «falta de proporcionalidad» a la prohibición de construir en pendientes iguales o superiores al 20% para minimizar o evitar un excesivo impacto visual; considera «injustificadas» y sin lógica diversas fechas planteadas en el documento, como la fijación de 1940 como año de construcción para las casas que puedan convertirse en agroturismos o que sólo pueden ser viviendas turísticas aquellas «existentes en 1956».

Entre otras cuestiones, también indica que el nuevo PTE «dificulta gravemente» la partición de fincas por razones hereditarias así como no encuentra motivación a que no se puedan ampliar las viviendas rústicas unifamiliares que no hayan agotado los parámetros de superficie construible.

Vicent Marí: «Sa Coma es el nuevo juguete de Tarrés»

El alcalde Vicent Marí, calificó al recinto de sa Coma, como «el nuevo juguete de Tarrés» y afirmó que si la ley hubiera incluido y calificado como supramunicipales otros equipamientos públicos que se deben constuir en el municipio, como el polideportivo de Puig d'en Valls, y que deben esperar a las Normas Subsidiarias, hubieran llegado a un acuerdo. Sin embargo, por lo pronto, el Consistorio aprobó un informe jurídico contra la ley por invasión de competencias municipales, que enviará al Tribunal Constitucional, tras buscar el apoyo de la Felib, la FEMP y el Consell Consultiu. La oposición votó en contra y le acusó de «poner trabas» al proyecto de sa Coma.