El Ayuntamiento de Eivissa aprobará mañana en un pleno extraordinario el nuevo pliego de condiciones para renovar el servicio de suministro de agua del municipio por los próximos 20 años.
La empresa que obtenga la adjudicación deberá invertir 13 millones en trabajos de renovación y mejora durante los primeros 18 meses de contrata. Entre otras obras, se prevé la eliminación de 400 fosas sépticas que aún funcionan en el municipio. También se pretende efectuar la separación de los «problemáticos» sistemas unitarios de pluviales y fecales en los barrios que aún no cuentan con redes separativas, como s'Eixample, es Pratet, la Marina y sa Capelleta; aumentar la presión del agua en Dalt Vila y construir tres nuevos emisarios submarinos de aguas pluviales, uno en ses Figueretes y dos en Platja d'en Bossa.
El teniente de alcalde, Santiago Pizarro, explicó que para preparar este pliego de condiciones, Vila «analizó la situación de todas las infraestructuras hidráulicas de todo el municipio». Una «radiografía», indicó, que además de las fosas sépticas y los sistemas unitarios de pluviales y fecales, detectó «muchas redes antiguas deterioradas» que hay que renovar porque presentan «fugas y averías», así como «vertidos incorrectos al mar de aguas pluviales», que se solucionarán mediante los nuevos emisarios.
Conexión de Platja d'en Bossa
Entre otras obras, la nueva empresa adjudicataria también deberá instalar vallas de tormenta y una nueva salida de pluviales para el casco urbano, así como conectar el barrio de Platja d'en Bossa a la red de Vila y crear una nueva salida de fecales para el cruce del Camí Vell de Sant Mateu.
El Consistorio renovará la contrata debido a que la actual adjudicación de 20 años concluye el próximo mes de octubre. Tres empresas se han interesado ya por prestar el servicio, entre ellas, la actual concesionaria, Aqualia.
La adjudicataria será sancionada si no cumple
El nuevo pliego de condiciones incluye sanciones económicas para la empresa si incumple los criterios anuales de calidad fijados por el Consistorio, un control que se realizará mediante una auditoría o que harán los propios técnicos municipales. El concejal Santiago Pizarro explicó que, entre otros criterios, se evaluará el número de reclamaciones de los ciudadanos, el tiempo de respuesta a estas reclamaciones, el estado de la red, las pérdidas por fugas, etc. Las sanciones irán de 12.500 a 75.000 euros, según se incumplan los estándares de calidad previstos.
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