La organización Médicos del Mundo de Balears realizó varias campañas abogando por el derecho universal a la salud. En la imagen, una concentración que se llevó a cabo en 2013 en Palma, para exigir al Gobierno central que retirara el decreto de la ministra Mato. | Jaume Morey

Son inmigrantes irregulares pero en Balears tienen garantizada la asistencia sanitaria pública. Un total de 13.462 personas ‘sin papeles' y sin recursos económicos, han recuperado el derecho a tener médico de familia y poder utilizar las prestaciones que ofrece el Servei de Salut, a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 un decreto que lo prohibía.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su intención de derogar la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular en España -cerca de 26.000 en Balears- con el fin de restablecer el derecho a la sanidad universal. Un derecho que el Ejecutivo de Francina Armengol devolvió en julio de 2015, con la creación de un documento acreditativo del IB-Salut (no es una tarjeta sanitaria) que permite a los inmigrantes en situación irregular poder acceder a toda la red sanitaria pública de las Islas, pero no a la del resto de España.

Tribunales

Mantener esta asistencia no ha sido tarea fácil. El TSJB anuló, en septiembre de 2017, el decreto que utilizó el Govern para poder dar prestación sanitaria porque entendió que, por un lado se trata de una competencia estatal, y que, por otro, la Administración autonómica pretendía regular algo que el Estado contempla en una norma de rango superior.

El Tribunal Supremo confirmó, el pasado mes de abril, la sentencia del TSJB, lo que no ha impedido al Servei de Salut continuar prestando asistencia a los ‘sin papeles' porque el Govern incluyó esta medida en la ley de presupuestos de 2017.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha afirmado y reiterado en varias ocasiones que «vamos a continuar dando asistencia universal a los inmigrantes sin papeles» y con éste objetivo piensa acudir mañana a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que será presidido por primera vez por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, un encuentro en el que se pretende abordar de forma conjunta el proceso de recuperación de la asistencia sanitaria universal en todas las comunidades autónomas mediante un nuevo decreto.