La exconsellera Catalina Cladera, en el momento de entregarle la cartera de la Conselleria d’Hisenda a su sucesora, Rosario Sánchez. La cartera viene con deberes: aprobar el plan de ajuste que exige el Ministerio y empezar la elaboración de los Presupuestos . | Jaume Morey

La nueva consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, estrenará mandato con una tarea complicada: tendrá que aprobar ajustes en el presupuesto de este año, lo que supone que algunas de las partidas presupuestarias quedan bloqueadas y no se podrán tocar. Es lo que técnicamente se conoce como indisponibilidad de crédito.

Lo deberá hacer porque el Govern superó el año pasada ampliamente el límite de gasto que le marcó el Ministerio. El techo de gasto marcado por el Ministerio 3.260,79 millones, pero finamente gastó 3.473,1, es decir 210 millones más de lo autorizado. Sobrepasó un 10 por ciento el gasto del año anterior cuando tenía permiso para aumentarlo un 2,4 por ciento.

La consellera tendrá que elaborar este plan de ajuste para que reciba el visto bueno del Ministerio de Hacienda. La fecha límite para entregar el plan era el pasado 4 de julio, pero el Govern pedirá un aplazamiento por las circunstancias políticas.

La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), el organismo que vela por el cumplimiento de las finanzas públicas, acaba de publicar un informe en el que apoya la demanda de Baleares para aplazar la entrega del Plan Económico Financiero (PEF). «La AIReF considera razonable esperar a que los nuevos equipos puedan hacer una valoración de la situación fiscal de su comunidad y, en consecuencia, puedan adoptar compromisos cuyo incumplimiento, recordemos, lleva aparejado la aplicación de un sistema progresivo de sanciones». Este organismo se compromete a fijar un calendario de presentación con las comunidades incumplidoras, que son Murcia y Valencia, además de Baleares.

La nueva consellera tiene otro frente abierto, pero la solución ya no está en su mano. Si el Gobierno central no aprueba los presupuestos generales de este año, la Comunitat se encontrará con un agujero presupuestario de 177 millones de euros que tiene incluidos en las cuentas, pero que no recibirá.

De esa cantidad, 99,3 millones corresponden al aumento de la partida de financiación que no llegará si no hay presupuesto. Los 78 millones restantes son una mensualidad atrasada de IVA.