El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a Iago Negueruela y Francina Armengol. | CAIB

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «han llegado para quedarse estructuralmente en España» y ha explicado que la situación se reevalúa cada tres meses ante la «gran incertidumbre» y «elementos inesperados» como la decisión del Gobierno británico de imponer una cuarentena a viajeros españoles.

Así se ha expresado Escrivá tras reunirse en Palma con la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, indicando que en la Mesa Sectorial que se celebrará en septiembre en Baleares se analizará «la realidad» y la situación de los ERTE y las prestaciones para fijos discontinuos a partir de octubre. «La realidad del momento será tenida en cuenta a la hora de plantear el mecanismo de extensión, que yo no le pondría plazo, lo que vamos a hacer es ir reevaluando la situación», ha insistido.

En este contexto, Escrivá se ha mostrado favorable a contemplar «la posibilidad de dar marcha atrás» por parte de las empresas «ante una situación en la cual de nuevo la demanda ha caído fuertemente», «una situación que requiere de flexibilidad». «La solución concreta la tenemos que aquilatar, pero por mi parte el compromiso está ahí», ha dicho el ministro.

Asimismo, ha afirmado que Baleares, «por su especialización productiva» vinculada al turismo, «está particularmente afectada por la crisis», y que «eso requiere de respuestas y tratamientos específicos».

Escrivá ha asegurado que el Gobierno está «absolutamente comprometido» con las reivindicaciones del Govern y ha expresado su «solidaridad» con Baleares. El ministro ha destacado que, del millón de trabajadores todavía en un ERTE en España, un 8% se encuentra en Baleares.

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Paralelamente, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha vuelto a reivindicar ante el Gobierno la extensión y flexibilización de los ERTE ante la difícil situación del turismo, si bien ha manifestado su confianza en «cómo se está planteando la salida de la crisis» por parte del Gobierno, y ha agradecido la disposición del ministro para reunirse con los agentes implicados.

Según ha indicado el Ministerio, el número de personas en ERTE en Baleares se ha reducido un 45% respecto al máximo. Actualmente, quedan suspendidos 80.000 trabajadores, la mayoría muy vinculados al sector turístico. De hecho, el 55%de las personas que continúan en ERTE en la comunidad pertenecen únicamente a dos sectores: alojamiento y servicio de comidas y bebidas.

Reclamo
El ministro también ha mantenido un encuentro con una representación de directivos de empresas hoteleras de las Islas. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha explicado que han trasladado al Gobierno la necesidad de prolongar los ERTE ante la «situación complicada» del sector turístico. Frontera cree que se deberían alargar hasta diciembre sin perjuicio de que «si la situación no mejora será necesario tomas más medidas hasta abril de 2021».

La FEHM ha tratado con el ministro otras necesidades del sector, como que las bonificaciones que se contemplen «sean acertadas y se adapten a la realidad del sector», y hasta cuándo se aplicarán.

Frontera ha indicado que la ocupación hotelera en Mallorca ha sido de un 37% de media en julio, pero si el Gobierno británico no levanta su cuarentena «hay hoteles que cerrarán» ante las «cancelaciones que han llegado en multitud». En estos momentos está abierta un 57% de la planta hotelera, menos de lo que se había previsto, debido al efecto de la cuarentena en Reino Unido.

Por otra parte, antes de su reunión con el Govern, Escrivá, acompañado de la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha visitado la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Allí, acompañado por los directores provinciales, María Rosario Rodríguez y Florencio Ingelmo, respectivamente, ha agradecido el esfuerzo a los trabajadores de la Seguridad Social durante la COVID-19.