El fraude informático es el ciberdelito más habitual. | Jaume Morey

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La ciberdelincuencia sigue al alza ya presente en la prepandemia pero que con la COVID-19 encontró un filón para maximizar su crecimiento. La implantación apresurada del teletrabajo en 2020 significó poco menos que barra libre para los descuideros del ciberespacio. Baleares no ha sido la excepción y las denuncias por delitos informáticos –solo las denuncias, la mayor parte de los casos siguen silenciados– se multiplicaron por cuatro con respecto a las de 2018.

Las Islas pasaron de las 3.000 denuncias de 2018 a 11.800 en 2020. El fraude informático constituye casi el 90 % de estos delitos, con la pequeña y mediana empresa como víctima más habitual. En un escenario en el que los afectados optan muchas veces por no denunciar o que incluso puede que no tengan aún conocimiento del daño sufrido, cuantificar las pérdidas económicas es un ejercicio de especulación. No obstante, uno solo de estos ataques puede resultar letal para una pyme y obligarla a cerrar.

Crecimiento exponencial

«Hemos visto algunos casos, empresas que han tenido que cerrar o recortar personal». Juanjo Fuster es el director de Intec, empresa mallorquina de ciberseguridad que se encarga de la gestión, contención y rastreo de miles de ataques informáticos al año. A su entender, la falta de concienciación de una amenaza que no para de crecer exponencialmente es el gran problema de la sociedad actual, especialmente en la Islas.

«Las empresas no invierten en protección: hay mucha menos concienciación aquí que en la Península, y la diferencia entre la Península y países como Reino Unido o EEUU ya es abismal», afirma Fuster. Baleares es la novena comunidad en número de denuncias (el total nacional en 2020 fue de 287.963). En el ránking provincial las Islas se alzarían hasta el cuarto puesto.

Visibilizar el problema y lograr que la sociedad en general y el empresariado en particular cobre conciencia del mismo es hoy objetivo prioritario para patronales y administraciones públicas. Con esa idea en mente se presentó el pasado octubre una oficina de protección contra los ciberataques como proyecto conjunto entre Govern, profesores de la UIB y empresas del sector como Intec. El departamento contará con diversos expertos que se dedicarán a concienciar, asesorar y preparar a las empresas, principalmente con charlas y cursillos formativos. Uno de sus impulsores el antiguo rector de la UIB, Llorenç Huguet, afirma que el objetivo es que el proyecto entre en funcionamiento el próximo febrero.

La intención de la Patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca es la de integrarse en el proyecto como colaborador permanente. Así lo asegura su presidente, Jordi Mora, quien coincide con Huguet y Fuster en la necesidad de educar al empresariado al respecto. «Es una realidad empresarial oculta», explica. Muchos afectados prefieren no denunciar por no airear un hecho tan incómodo o exponer aún más sus vulnerabilidades, acostumbrando a dar por hecho que se trata de un hecho puntual.

Por todo, es más fácil que trasciendan los ataques a grandes empresas –más difíciles de ocultar– o a administraciones como sucedió la pasada semana con IB-Salut. «Atacar a una pyme es más fácil, aunque lo que puedan sacar los delincuente sean cantidades menores de dinero». Con todo, explica Fuster, suele salir a cuenta centrar el tiro en los perfiles bajos y con peor protección: «Es más fácil robar mil euros a mil pymes que un millón de euros a una empresa grande».