Más trabajo, menos ayudas. La excelente temporada turística, con un nivel de ocupación que roza el pleno empleo, ha supuesto un alivio para los servicios sociales de Baleares. | M. À. Cañellas

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La reactivación de la economía de Baleares, con una temporada turística que roza el pleno empleo y con unas buenas perspectivas, al menos hasta el mes de octubre, han tenido como consecuencia positiva un desplome en la petición de ayudas que recibe la Conselleria d’Afers Socials. La consellera Fina Santiago aseguró que los servicios sociales ya notan este descenso en la petición de ayudas gracias a que el empleo permite a las familias disponer de unos ingresos regulares.

Pese a esta caída por ahora coyuntural, el Govern quiere garantizar que los ciudadanos de las Islas puedan recibir beneficios sociales cuando se produzca un nuevo marco de inestabilidad económica. Con este objetivo, el Govern aprobó ayer un decreto ley que ordena la concesión de estas ayudas, que hasta ahora estaban dispersas y que además han ido variando en función de cambios en la normativa estatal.

Tres tipos de ayuda

El decreto delimita tres tipos de ayuda. En primer lugar, están las que deben concederse siempre a quien las pida si reúne las condiciones para ello y que no dependen de si hay o no partida económica. En esta categoría se encuentran la nueva renta social garantizada, el complemento de las pensiones no contributivas y la renta de emancipación. Según los datos de la consellera, unas 12.000 familias reciben en estos momentos alguna de estas ayudas.

Después están las prestaciones sociales tipo subvención, que tienen una disponibilidad económica limitada, pero que pueden pedir instituciones y asociaciones. Finalmente están las que se conceden por motivo de urgencia social sobrevenida, que ahora quedarán blindadas con esta nueva norma que compila las anteriores. Una de las cuestiones que queda claramente definida en la nueva normativa es que este tipo de prestaciones no están sometidas a retención del IRPF.

Tramitación como ley

El decreto ley ya está en vigor para evitar que algunas familias queden desprotegidas, pero el Ejecutivo pedirá que se tramite como ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones. La consellera aprovechó para insistir en que sería conveniente que el Govern tramite las ayudas del Ingreso Mínimo Vital, que ahora da el Gobierno. «Seguimos defendiendo la gestión autonómica porque seria más efectivo», dijo.

Las modificaciones que se realizan en el actual decreto también tienen como objetivo recoger mejoras para los demandantes de la renta social garantizada. Así, por ejemplo, las personas que acceden a la renta social garantizada después de una resolución negativa del ingreso mínimo vital (IMV) podrán cobrar retrasos desde el momento en que pidieron el IMV, no como hasta ahora, que es desde el momento en que se pide la renta social garantizada. Por otra parte y fuera del decreto, la consellera Fina Santiago explicó que se prorroga hasta final de año el complemento del 15 por ciento del importe de las cuantías de la renta social garantizada que se implantó el pasado mes de abril como consecuencia de la subida de precios derivada de la guerra de Ucrania. Son 4.229 familias vulnerables, perceptoras de la renta social garantizada, que se benefician de esta medida. Una persona que vive sola ha pasado de cobrar 491 euros al mes a cobrar 565. Una persona adulta que vive con un menor pasará de cobrar 747 euros a cobrar 859. Una familia de dos personas adultas y dos menores pasa de cobrar 934 euros a cobrar 1.074.

Otras medidas

En materia social, el Govern también aprobó la convocatoria de subvenciones por un importe total de 434.000 euros, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas de atención y ayuda a las personas necesitadas debido a las dificultades de desarrollo en la sociedad. También se aprobó destinar 70.000 euros para las ONG, para que puedan ejecutar proyectos de prospecciones para 2022, así como una convocatoria de subvenciones de 1,3 millones a entidades sociales sin ánimo de lucro para financiar los gastos de adquisición de vehículos eléctricos.