Imagen de los registros en la Autoritat Portuària. | Daniel Espinosa

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La Abogacía del Estado denunció coacciones por parte de una de las figuras clave del ‘caso Puertos’ años antes del inicio de las investigaciones. La jefa del organismo en Balears, Dolores Ripoll, aportó en su última declaración como investigada en la causa copia de esa denuncia contra el empresario y catedrático de Derecho Administrativo, Francisco Javier Jiménez de Cisneros, que había presentado ante la Fiscalía Anticorrupción y de la que no había noticias hasta este verano.

Según la declaración de Ripoll, cuando ella se incorporó como asesora del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària en 2016, se encontró con que se habían adjudicado numerosas consultorías con Cisneros ‘a dedo’, por las que habría cobrado más de 100.000 euros. Manifestó que puso coto a esas contrataciones y que, a partir de ese momento, Cisneros comenzó a interponer demandas y denuncias en su contra. Consideró que eran una coacción para recuperar esos contratos y así se lo trasladó a la Fiscalía, dado que además, aseguró haber recibido el mensaje de que se retirarían esas denuncias si volvía a la APB.

Uno de los informes de Cisneros, en el año 2009, tenía que ver con el Club Náutico de Eivissa, uno de los investigados en la trama del ‘caso Puertos’. Más tarde, el catedrático se presentó al concurso a través de la entidad 12 Millas, que planteó los contenciosos que terminaron con la nulidad de la adjudicación, que es lo que se investiga en el juzgado de Instrucción. También aparece como abogado de la empresa Marina Formentera, que mantiene un contencioso a su vez con la Aurotitat Portuària y que forma parte de una de las piezas de la causa que aún están bajo secreto de sumario. En la pieza de Eivissa también se intenta aclarar si Cisneros, a través de 12 Millas, negoció una compensación económica con el Club Náutico para apartarse de la adjudicación y retirar las demandas. La jueza prorrogó el secreto de al menos seis piezas un mes más el pasado día 9.