Esa propuesta estaba contenida en una proposición no de ley de Més per Menorca, que fue asumida prácticamente al cien por cien, y que también encarga al Govern la puesta «en marcha de un programa de alquiler seguro para dar garantías a los propietarios que quieran alquilar las viviendas que tengan vacías».
Así se acordó durante una sesión centrada especialmente en cuestiones relacionadas con la vivienda y que llegaba después de la aprobación del decreto con medidas urgentes. De hecho, y antes de que el pleno tomara en consideración las propuestas que defendió Josep Castells, la propia presidenta del Govern, Margalida Prohens, apuntó que las medidas que buscan potenciar el alquiler eran el próximo objetivo.
Seguridad jurídica
«Sí, el nuevo decreto ya incluye alquiler a precio barato, pero habrá más, estas son sólo las primeras medidas; habrá otras para dar seguridad jurídica a los propietarios y que puedan alquilar» con garantías, dijo en respuesta al portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
Este, igual que el portavoz socialista, Iago Negueruela, y la diputada del PSIB Mercedes Garrido, llegaron al pleno con una idea en la cabeza: que uno de los apartados del decreto, concretamente la disposición adicional 19, encubre «una amnistía a las viviendas ilegales». Lo que dice esa disposición es que las viviendas situadas en edificaciones implantadas legalmente en suelo urbano pero que están «en situación de inadecuación por haberse construido en un planteamiento anterior o fuera de ordenación, o se hayan aplicado sin licencia», podrán obtener cédula de habitabilidad en determinadas circunstancias.
«Eso es una amnistía urbanística y una llamada a la especulación en toda regla», le dijo la diputada Garrido a la consellera d’ Habitatge, Marta Vidal.
Negueruela, en su pregunta a Prohens, también tiró de la sospecha de que el decreto encubría una amnistía. «Ustedes no llevaban en su programa que fueran a aprobar una amnistía», le dijo el portavoz repitiendo lo que los ‘populares’ reprochan a Pedro Sánchez en política estatal. «Hay que ser atrevido para venir a hablarnos de amnistía», le respondió la presidenta balear. Y Apesteguia le dijo: «Hemos venido a cambiar ocho años de políticas de vivienda hechas para las élites».
Plus por unanimidad
Pese a los reproches, el pleno se cerró con un acuerdo que se tomó por unanimidad: el que reclama del Gobierno del Estado que apruebe un plus de fidelización para los empleados públicos. La propuesta fue del PP pero recogió enmiendas de la oposición.
La Cámara encargó al Gobierno que, en paralelo a la estrategia del Govern de captación y fidelización, apruebe un plus que compense el alto coste de la vida, también para el acceso a la vivienda. Quiere que este plus se incluya en los Presupuestos que elabore el próximo Gobierno. También pide un estudio económico sobre el coste real que supone la insularidad en personal sanitario, educativo y policial.
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