El PP ha propuesto ampliar a seis meses el plazo de tres previsto para eliminar la Oficina Anticorrupció aunque no ha llegado a aclarar si eso supone aumentar su presupuesto. El responsable actual de la Oficina, Cristòfol Milan, se quejó hace unos días de que no tenía presupuesto ni para pagar nóminas. La supresión de esta oficina, que se creó en 2016, es el objetivo último de la Ley de Transparencia que tiene que aprobar el Parlament. Ayer finalizó el plazo para presentar las enmiendas. El diputado ‘popular’, Mauricio Rovira, afirmó este lunes que la mayoría de enmiendas son técnicas o sirven para clarificar algunas cuestiones. Por ejemplo, la ampliación del plazo es para que se pueda realizar una «transición» sobre los registros de altos cargos, con sus declaraciones de bienes, y que ahora pasarán a ser custodiados por el Parlament.
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