Vox esperará a conocer los detalles del plan y dejará que sea el Govern quien lo diseñe. Dará un margen de maniobra a Vera para que explique cómo piensa poner en marcha este proyecto, pero avisa de que, cuando se inicie el proceso, estará vigilante para que el Govern de Marga Prohens no intente torpedear el plan desde dentro cuando deba ponerse en marcha.
Vigilancia pero no acoso
Habrá vigilancia, por tanto, pero no acoso. La intención es contener la presión que han ejercido hasta ahora para centrarse en materias que también preocupan a los ciudadanos. Vox quiere negociar con el PP algunas de las medidas que se han incorporado al decreto urgente de vivienda y, sobre todo, fuentes de la formación consideran imprescindible que el Govern se ponga a trabajar en serio en el proceso de simplificación normativa y de procedimiento sobre el que ya está actuando el vicepresident, Antoni Costa.
En este nuevo contexto de suavización de la presión lingüística, la formación mantiene, sin embargo, las discrepancias que se arrastran desde el principio de legislatura entre la dirección del partido y el Grup Parlamentari. Vox envió un comunicado la semana pasada en contra de las políticas lingüísticas de Prohens, pero la iniciativa la firmó solo la presidenta y no partió del grupo.
En esta moderación de la presión al PP aparece como elemento central la Oficina de Defensa de la Libertad Lingüística cuya creación es una decisión que tomó la dirección de Madrid. Parte de la formación en las Islas no apoya esta propuesta, a la que califican de «chiringuito», lo que explica que el asunto siga en un cajón del Parlament meses después de que se presentara un texto que ahora deberá corregirse porque no tenía sustento legal. Vox sigue sin activar por ahora la creación de este nueva organismo y fuentes del partido señalan que por ahora no trabajan en las enmiendas al texto.
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