El IB-Salut remitió el 23 de julio de 2020 la factura íntegra de las mascarillas KN95 que se compraron a precio de FFP2 (una calidad superior) a la dirección general de Fondos Europeos sin advertir de la sospecha de fraude o sobrecoste que, según se deja entrever en el expediente, parece que ya tenían.
Según la calendarización hecha por los diferentes implicados en la vertiente balear del ‘caso Koldo’, la empresa investigada vendió 1.480.600 mascarillas FFP2 por 3.701.500 euros al IB-Salut.
Sin embargo, el por entonces director de Gestión y Presupuestos del IB-Salut, Manuel Palomino, ya intuyó que las recibidas, no eran el tipo de las mascarillas por las que había pagado, pues codificó el pedido de forma que las diferenciara «para uso ciudadano, no intrahospitalario».
Posteriormente estas sospechas se ratificarían a través de un análisis al Centro Nacional de Medios de Protección. La calidad (y por ende el precio) del material recibido era inferior a lo pagado, sin embargo Salut no informó de esta problemática a la Dirección General de Fondos Europeos a quien le adjuntaría la factura, junto a otra veintena de expedientes, para que valoraran la posibilidad de que ser subvencionados con Fondos Feder.
«La intención que tuviera el anterior Govern de defraudar a los fondos no es perceptible en el expediente», aseguró ayer la consellera de Presidència i Administraciones Públicas, Antònia Estarellas. Lo prudente, dijo, es esperar a su personación en la causa porque «puede que haya información de la que ahora no disponemos».
El 12 de agosto, IB-Salut emitía además un certificado de conformidad sobre la ejecución del contrato a petición de la empresa. Con este documento se avala, todavía más, el pago con sobrecoste que ahora se investiga y se reclama y de cuya existencia no se informó al pedir la financiación a Bruselas.
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