El intrusismo es uno de los principales problemas que afecta a los empresarios ibicencos y que, de rebote, también sufre la población en general. En 2022 el factor que más perjudicó a las pymes ibicencas fue la dificultad para contratar personal debido, en buena parte, a la imposibilidad de que estos trabajadores encontraran una vivienda a precio asequible en verano. Y la mayor parte de la culpa la tiene la proliferación de pisos turísticos ilegales, que impide que miles de viviendas formen parte del mercado de alquiler anual. «Los pisos turísticos son lo que más me preocupa», apunta Mariano Juan, vicepresidente del Consell d’Eivissa y responsable de los departamentos de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo de la institución insular.
Juan destaca que la plantilla de inspectores turísticos con los que cuenta el Consell d’Eivissa para luchar contra el intrusismo ha aumentado este año de cinco a ocho. Un incremento «que ya tiene efectos», según el conseller del PP, quien señala las más de 300 viviendas que en estos momentos se están investigando, ya sea porque en ellas se ha detectado la presencia de turistas, bien porque se están anunciando de forma ilegal en plataformas de internet o redes sociales o por obstrucción a las tareas de los inspectores. Además, Mariano Juan asegura que en estos momentos hay más de 170 expedientes sancionadores que se están tramitando. «Siempre se puede hacer más, pero ahora se está haciendo más que nunca», apunta.
Este aumento en el número de actuaciones también ha provocado que se incremente la recaudación. En los últimos cuatro años, el Consell d’Eivissa ha recaudado más de un millón y medio de euros en sanciones derivadas de la lucha contra el intrusismo y la ordenación turística, de los que 430.000 euros en este 2023. Mariano Juan destaca que se ha conseguido retirar más de 500 anuncios de pisos turísticos ilegales de las redes sociales y las plataformas, más de un centenar este mismo año. El conseller señala que el grado de cumplimiento de las órdenes de cese de publicidad por parte de los anunciantes es de un 70%, mientras que con el 30% restante «se toman las medidas pertinentes». Unos huéspedes que en muchos casos se aprovechaban del anonimato para publicar sus anuncios en las plataformas. Una triquiñuela que el Consell d’Eivissa ha conseguido desbaratar. «Gracias a la colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, hemos conseguido la identidad de 85 perfiles anónimos que para publicitar sus viviendas lo hacían con un seudónimo y sin poner dónde estaba realmente el piso, tan solo la zona», explica Mariano Juan. Un dato, el de la ubicación del piso turístico, que los inspectores del Consell ahora pueden conseguir gracias al protocolo firmado con la plataforma Airbnb. «En sus alegaciones, los anunciantes se sorprenden de cómo es posible que hayamos descubierto sus identidades y nos echan en cara de que tengamos sus datos porque consideran que es un ataque a su intimidad», asegura Mariano Juan.
COLABORACIÓN. El conseller insular lamenta que el cruce de datos con los ayuntamientos «es complicado», pero destaca la buena labor que realizan los agentes de la Policía Local de Sant Josep de sa Talaia a la hora de documentar los pisos turísticos ilegales que detectan en su municipio. «Identifican como toca a los infractores, envían fotografías y presentan las pruebas de las reservas. Sant Josep ha hecho un buen trabajo», detalla Juan. Una forma de trabajar que se quiere exportar a las demás policías locales de la isla. Asimismo, el conseller asegura que «gracias a la coordinación y el cruce de datos la Policía Local de Santa Eulària des Riu y los inspectores turísticos, se ha impuesto una sanción por vulneración de la normativa urbanística de 118.000 euros a una casa que se alquilaba reiteradamente a turistas en Roca Llisa». Las normas subsidiarias de Santa Eulària prohíben desde 2017 el alquiler turístico en zonas residenciales.
PRECINTO. El Consell d’Eivissa tiene una nueva herramienta con la que luchar contra los pisos turísticos ilegales después de que el Govern aprobara hace un par de semanas un decreto de emergencia habitacional que, entre otras cuestiones, permitirá el precinto de estas viviendas. En este sentido, Mariano Juan destaca que la rotura de este precinto abrirá la vía penal, ya que se considera un delito. «Ahora ya no perseguiremos sanciones administrativas, sino que la Fiscalía y los jueces podrían entrar a perseguir estas conductas».
El precinto de pisos turísticos ilegales ha sido una demanda histórica del Consell d’Eivissa hacia el Govern, que en esta legislatura ha accedido a la petición realizada desde la mayor de las Pitiüses. El objetivo de poder precintar estas viviendas es frenar la inyección de dinero de los huéspedes ilegales y que no les salga a cuenta pagar la multa. En cualquier caso, Mariano Juan avisa que sus actuaciones no van solamente contra los anunciantes. «Ya hemos sancionado a presidentes de comunidad», apunta el conseller, «que han obstruido el trabajo de los inspectores al no dejarles acceder a las zonas comunes porque, probablemente, también estaban en el ajo». El Consell d’Eivissa también ha sancionado a propietarios de viviendas por desentenderse de los avisos de la administración al conocer que sus inquilinos estaban alquilando a turistas sus pisos. «No vale que el contrato diga que se prohíbe el subarrendamiento. Si el propietario sabe que su piso se está alquilando a turistas tiene que hacer lo que esté en sus manos para rescindir el contrato con su inquilino, no vale hacer la vista gorda», recuerda Mariano Juan.
TAXIS Y FIESTAS. Otro de los asuntos contra los que luchan los inspectores turísticos del Consell d’Eivissa son los llamados taxis ‘pirata’. Un servicio ilegal que suele ofrecerse en verano a los turistas nada más aterrizar en la isla, en las playas o a la salida de las discotecas. Esta temporada turística se han inmovilizado y llevado al depósito más de 80 vehículos que trabajaban como taxis ‘pirata’, una cifra que contrasta con los 25 incautados en 2019. La institución insular ya ha cobrado en los últimos cuatro años más de un millón de euros en sanciones por esta actividad ilegal. Solo este año son 340.000 euros, el doble que en 2019. «Hay que agradecer a la USECIC de la Guardia Civil y a la Policía Local de Sant Josep (municipio donde está situado el aeropuerto, lugar de actuación predilecto de los taxis ‘pirata’) su implicación, que es esencial», asegura Mariano Juan. La instalación en el aeropuerto de un sistema de control de vehículos mediante lectura de matrículas permitió cazar en 2022 a uno de los ‘piratas’ más activos y que en un solo mes llegó a entrar 72 veces al aeropuerto de Eivissa. Por último, los investigadores privados contratados por el Consell d’Eivissa para rastrear en las redes sociales e infiltrarse en fiestas clandestinas han conseguido detectar esta temporada 33 eventos. Unas fiestas ilegales que corresponde a los ayuntamientos el sancionarlas.
Cola de taxis en el aeropuerto de Eivissa, donde los ‘piratas’ hacen su agosto en verano.
En este sentido, el presidente de Pimeef, Alfonso Rojo, explica que el sector de la restauración «monta en cólera» porque el número de horas extra de su personal está limitado a 40 horas para contratos de seis meses «y les sale más rentable hacer de camareros en fiestas ilegales». Unos eventos que cuentan con chefs, caterings y camareros ‘pirata’ que reciben ofertas con las que el sector legal no puede competir. «El problema es el excesivo garantismo porque es difícil demostrar que una fiesta ilegal no es un cumpleaños privado con 100 personas. Nos duele ver a una pareja de la Guardia Civil de brazos cruzados en la entrada de una villa sin poder actuar», añade Rojo.
La venta ambulante en las playas ibicencas sigue siendo otro de los problemas a atajar. No obstante, en Sant Antoni han conseguido erradicar la venta de bebidas y comida en su litoral gracias a la Unidad Territorial de Playas de la Policía Local y sus agentes en moto acuática, que consiguen acceder por sorpresa a zonas de difícil acceso por tierra. La Oficina Antiintrusismo del Consell d’Eivissa también ha conseguido en una legislatura retirar más de un centenar de vallas publicitarias ilegales de gran tamaño instaladas junto a las carreteras ibicencas. «Hay mucho trabajo, no damos abasto, pero creo que vamos en la buena dirección», destaca Mariano Juan en relación a la lucha contra el intrusismo que lleva a cabo la institución ibicenca.
