Imagen facilitada por EFE Televisión del fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. | Efe

La Fiscalía de Seguridad Vial tiene previsto decomisar mas de 2.000 vehículos en los próximos meses después de que ayer entrara en vigor la última reforma del Código Penal, que contempla esta medida para algunos casos graves de infracciones por exceso de velocidad, alcoholemia o conducir sin carné, entre otros delitos de seguridad vial.

Con esta medida, la Fiscalía pretende reducir el número de personas que actualmente cumplen prisión principalmente por un delito de seguridad vial -alrededor de 1.500 personas-, al poder ser el decomiso alternativo a la pena de prisión en algunos delitos, según señaló ayer el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en rueda de prensa.

Así, en función de la gravedad del delito, el juez podrá decretar o bien una multa o trabajos en beneficio de la comunidad o, para los casos más graves, o bien el decomiso del vehículo o bien prisión. No obstante, para aquellos casos de extremada gravedad, como los homicidios, se podrá aplicar tanto el decomiso como la prisión.

Reincidentes

Concretamente, entre los criterios para decretar el decomiso, Vargas indicó que se tendrá en cuenta a aquellas personas que sean reincidentes o los casos en que, aunque sólo se haya cometido un delito, las tasas de alcohol o el exceso de velocidad sean «de extraordinaria gravedad y generadoras de un intenso peligro». En cualquier caso, el decomiso se practicará en los casos de homicidio o lesiones imprudentes.

En cuanto al futuro de los coches que se decomisen, la Fiscalía de Seguridad Vial ha propuesto que estos vehículos se entreguen «inmediatamente» a alguna administración o entidad privada para fines sociales como educación vial en los colegios, proyectos de reeducación o incluso a las propias víctimas.

Sobre esto último, el fiscal señaló que su propuesta es que el vehículo usado en la comisión del delito sirva para «complementar la indemnización» de las víctimas, siendo, por ejemplo, adaptado para las víctimas con lesiones medulares o cedido a alguna asociación que defienda sus derechos.

Asimismo, Vargas señaló que ha dado instrucciones a los fiscales relacionados con esta materia para que impulsen los controles preventivos de drogas, a los que se tendrán que someter los conductores porque de lo contrario serán castigados con pena de prisión, y para que se intensifiquen los contactos con la Guardia Civil para llevar a cabo los controles de alcoholemia y así ejercitar las acciones penales oportunas.