Los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja han consensuado un documento que recoge unos principios básicos que defenderán todas ellas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que la reforma del sistema de financiación autonómica tenga más en cuenta sus características propias comunes, como el envejecimiento de la población y la extensión del territorio.
Todas las comunidades tienen de plazo hasta el 7 de marzo para enviar un documento al Ministerio de Hacienda en el que especifiquen sus necesidades financieras. Estas seis lo harán individualmente, cada una precisando sus peculiaridades, si bien todas ellas incluirán los puntos acordado este viernes en Zaragoza, en una reunión celebrada en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, a la que ha asistido la presidenta de dicha comunidad, Luisa Fernanda Rudi.
Igualmente, han participado el consejero de Hacienda y Administración Pública de esta comunidad, José Luis Saz; la consejera de Hacienda de Galicia, Elena Muñoz; la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga; la consejera de Hacienda y Sector Público de Asturias, Dolores Carcedo; la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, y el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández.
Todos ellos han recalcado en la rueda de prensa posterior a la reunión que «no» quieren «confrontar», pero están «obligados a demostrar y convencer» a las demás comunidades «por qué el coste de prestar los servicios públicos esenciales es distinto según donde se viva», ha apuntado la consejera asturiana, Dolores Carcedo.
Al respecto, el documento acordado recalca que la extensión geográfica, la dispersión, la baja densidad de población y el envejecimiento solo suponen el 3 por ciento de la financiación en el modelo actual por lo que el futuro «debe ponderar de forma correcta y en grado suficiente» estas características.
En este punto, el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Antonio Fernández, ha apuntado si bien todavía hay que «perfilar el porcentaje», al menos deberá suponer el diez por ciento.
El documento también reclama que se reconozca la evolución creciente de las necesidades de gasto de las autonomías, que prestan los servicios que configuran el Estado del bienestar, en especial la sanidad, la educación y los servicios sociales, y por eso «el punto de partida de la reforma debe ser un incremento global de los recursos financieros atribuidos a todas las comunidades», enfatiza el texto.
Negociación difícil
El acuerdo aspira a que el modelo que salga del CPFF se produzca «por consenso de todos las autonomías», si bien la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha reconocido que la negociación «va a ser difícil» puesto que cada comunidad «quiere lo mejor para sus ciudadanos» y otras pueden tener otros criterios, como la población.
El objetivo final es lograr un nuevo sistema «que satisfaga los intereses de todos» ya que el actual «no nos gusta a ninguno», ha postillado la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga.
Así, el acuerdo afirma que estos seis territorios están abiertos a que cualquier otra comunidad pueda integrarse en este grupo puesto que su pretensión es «aunar voluntades y esfuerzos en aras de una mayor cohesión entre todas las comunidades que forman el Estado español».
El consejero aragonés ha remarcado que su propósito es que «se garantice la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos» y para eso «la financiación de cada comunidad debe responder a los costes efectivos de la prestación de servicios, en los que influyen de manera esencial factores distintos del número de habitantes» ya que «la población no es por sí sola elemento explicador del gasto público», ha dicho.
El documento explicita que las seis autonomías que han participado en el encuentro suman el 45 por ciento de la superficie española y en ellas reside el 19 por ciento de la población.
Asimismo, las seis comunidades advierten de que el gasto que suponen los servicios públicos de competencia autonómica «no pueden vincularse a la capacidad económica de los ciudadanos residentes en cada comunidad, ni a través del llamado principio de ordinalidad, ni tampoco de otras variables como los resultados de las balanzas fiscales, que en ningún caso determinan las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales en los distintos territorios».
5 comentarios
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Hemos progresado. En vez de taifas autonómicas ensimismadas, ahora surgen ligas de varias taifas. ¿Un paso hacia la cohesión?
Quina inversió de futur: espais deserts i poblacions envellides!
Un territori molt poc poblat no exigeix moltes de despeses públiques, lesquals estàn sobretot lligades a les persones, com ara la salut, l'educació, etc.
chupopteros unidos, jamás serán vencidos...
Ara que veuen que se'ls hi acaba es chollo corren a acordar mesures per continuar-mos robant un 14% (14%!!) de sa riquesa que generam a ses Illes Balears. Idò no senyor. Sa riquesa se queda aquí i no la compartim amb una gent que a sobre no respecte sa nostra llengo, cultura i tradicions. https://www.youtube.com/watch?v=bwQqVtnBVF4 (A partir des minut 2:08 s'explica objectivament i amb xifres es greuge econòmic que patim, després d'un repàs històric que segurament no acontenta tothom).