EditorialEivissa04/04/15 0:00
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Los criterios del código ético impulsado por el presidente regional del Partido Popular, José Ramón Bauzá, son el punto de partida de una dinámica a todas luces exagerada y perjudicial para los intereses de esta formación. La imputación de tres de sus alcaldes –en Alaró, Vilafranca y Pollença–, todos por cuestiones administrativas en diferentes causas judiciales, ha bloqueado su continuidad en las listas del PP en los próximos comicios. La situación ha generado abandonos masivos de la militancia, creación de candidaturas alternativas o la división de la estructura entre partidarios y detractores. Todo ello es fruto de una manifiesta falta de habilidad política por parte de la dirección balear del PP, incapaz de flexibilizar sus posiciones en una cuestión sobre la que la sensibilidad social actual es muy diferente a la del inicio de la legislatura.

Coste político. La estrategia de Bauzá supondrá que el PP no se presente o vea mermadas sus expectativas políticas en Alaró, Vilafranca y Pollença, donde ahora detenta las alcaldías. Es una incógnita determinar cómo la cúpula de los conservadores ha llegado a esta situación, incapaz de entender que la incapacitación genérica asociada a la imputación puede desembocar en situaciones, absurdas, como la que debe afrontar ahora el Partido Popular. Las consecuencias pueden proyectarse a las expectativas de otras candidaturas, al Consell o al Parlament, ya que no quedan garantizados los apoyos de las listas conservadoras.

Problemas internos. La torpeza de Bauzá en la gestión interna del PP durante estos años ya quedó de manifiesto con la cena de ‘agraviados’ organizada por el expresident Cañellas. Ahora se añade la pérdida de tres cabezas de lista con indudable gancho local. Lo más sorprendente es la docilidad con la que la estructura organizativa del partido asimila la senda que marca el presidente regional, cuyo futuro está cada vez más claro que queda vinculado a unos resultados electorales inciertos, a tenor de las últimas encuestas.