EditorialEivissa12/12/15 0:00
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El informe sobre el impacto económico del alquiler turístico, redactado por encargo de la Federación Española de Viviendas Turísticas y elaborado por Esade, calcula en 1.261 millones el volumen de negocio que genera este tipo de actividad sólo en nuestra Isla. La cifra refleja la trascendencia que tiene para el conjunto de la economía un segmento emergente dentro de la oferta vacacional, la cual está teniendo un éxito considerable en los últimos años. El Govern se ha comprometido a formular una regulación del alquiler vacacional, una iniciativa en la que los grupos hoteleros mallorquines reclaman medidas restrictivas por considerar que supone una competencia desleal por falta de regulación.

Apoyo económico. El alquiler turístico abarca el segmento de alojamiento vacacional que gestionan de manera individual numerosas familias. Cada año, el alquiler de segundas residencias, apartamentos o viviendas rurales se acaba convirtiendo en un complemento de los ingresos que ayudan a la recuperación de la economía de la Isla. Es evidente que esta situación no puede convertirse en el pretexto para seguir en el limbo de una ausencia de marco legal efectivo. La vigente Ley de Arrendamiento Urbanos tiene en materia turística considerables lagunas que es preciso ordenar de manera eficaz. Tampoco sería de sentido común ahogar una oferta que tiene en Eivissa y Formentera una demanda muy activa y creciente.

La convivencia ciudadana. Además de la regulación administrativa, que señale marcos razonables que permitan aflorar el alquiler turístico, es indispensable que también se incluyen fórmulas que garanticen la convivencia ciudadana. De nada sirve abrir hasta el infinito el alquiler turístico, una vía que garantizaría su degradación. Es preciso tomar nota de las experiencias previas, como sería el caso de Barcelona, para evitar cometer los mismos errores. Por fortuna se está todavía a tiempo y hay que aprovecharlo.