EditorialEivissa04/04/16 0:00
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El alquiler vacacional de viviendas particulares ha desbordado a la Conselleria de Turisme y ya afecta al normal funcionamiento de la economía balear. Los empleados de temporada encuentran serias dificultades para alquilar un piso en su lugar de trabajo a un precio asequible. La cuestión se agrava de forma peligrosa porque buena parte de la oferta de alquileres a turistas entra de lleno en la economía sumergida. No hay sociedad que pueda funcionar correctamente cuando la oferta no declarada (un negocio turístico disfrazado de alquiler clásico) distorsiona el mercado, incluyendo el derecho al trabajo.

Las dudas del Govern. En estos momentos los máximos responsables de Turisme se están rebanando los sesos para hallar la fórmula que obligue a que se den de alta todos los que se dedican al alquiler vacacional. En ello está en juego el equilibrio del sector en su conjunto y también la correcta aplicación del nuevo Impuesto para el Turismo Sostenible (antes ecotasa). Si el Govern no regula este desmadre, el impuesto no será turístico, sino sólo hotelero, y el concepto sostenibilidad se convertirá en una broma de mal gusto porque el mercado se está distorsionando hasta límites insoportables. De momento el Govern no ha decidido la fórmula y el tiempo corre ya en su contra.

Implicar a los ayuntamientos. Para solucionar el problema del alquiler vacacional es imprescindible el concurso de los ayuntamientos. Sólo desde los consistorios se podrá zonificar cada término y cada núcleo urbano decidiendo donde es posible que los particulares alquilen a turistas por semanas o quincenas y donde eso no debe permitirse. Pero la implicación ha de ir más lejos. Turisme está meditando ahora una medida que es de sentido común: exigir la licencia de actividades (competencia municipal) a todos los que se dediquen al negocio del alquiler vacacional por semanas o quincenas. La duda es si habrá consenso político para lograrlo, ya que la medida afecta a miles de propietarios, a muchísimos votos.