Eivissa26/02/17 4:00
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El Consell d’Eivissa intentó el viernes camuflar el importante número de alegaciones presentadas contra la moratoria urbanística aprobada hace algunos meses. Para ello argumentó que el 95 por ciento de los documentos presentados lo que quieren es suprimir la norma y, por lo tanto, debían desautorizarse de facto. Para reforzar este argumento tan endeble, la consellera del Territori, Pepa Marí, apuntó al PP y acusó a los populares de no presentar una alternativa a la moratoria. El PP no quiere moratoria y su alternativa es el actual plan territorial. No hace falta ser un experto en política para saberlo.

Escuchar a todo el mundo. Los partidos de izquierdas siempre han presumido de ser más sensibles a la hora de escuchar a los ciudadanos. Sin embargo, no parece que ese sea el objetivo de la consellera del Territori, Pepa Marí, al despreciar directamente a los más de 2.000 ciudadanos que piden la retirada de la moratoria porque consideran que perjudican sus intereses. No es solo el PP y los supuestos ‘maltratadores’ del territorio los que cuestionan la norma territorial del Consell. Los arquitectos, que algo deben saber de la materia, han advertido de que la norma cautelar puede ser ilegal e inconstitucional. Cuestionan que la norma tenga efecto retroactivo y plantean que la moratoria no puede aprobarse antes de empezar a revisar el Plan Territorial. Sin embargo, el Consell empezó la casa por la ventana y algunos expertos en urbanismo, como el prestigioso jurista Avel.lí Blasco, ha avisado de que dicha norma puede ser inconstitucional.

Respetar la ley. El actual gobierno del Consell está plenamente legitimado para hacer su política territorial porque tiene votos para hacerlo, pero no para despreciar a aquellos ciudadanos que critican su política y mucho menos hacerlo de forma pública al decir que el 95 por ciento de las alegaciones no aportan nada. Escuchen a todo el mundo, hablen con arquitectos, y sobre todo actúen con responsabilidad. Proteger el territorio merece un aplauso unánime, pero con normas responsables, útiles, y no actuaciones para conseguir el aplauso fácil y, quizás, sortear la legislación vigente.