Eivissa11/03/17 4:00
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El anteproyecto de ley del suelo que ayer presentó el titular de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, se plantea con el claro objetivo de marcar un punto de inflexión en el tratamiento del urbanismo ilegal –de manera muy especial en suelo rústico–, además de abordar aspectos tan polémicos como son los pelotazos derivados de sospechosas recalificaciones. El texto, que ahora inicia la tramitación hasta su aprobación definitiva, aporta herramientas –algunas de ellas novedosas– a la Administración para acotar los abusos que tanto se han prodigado en las últimas décadas.

La disciplina. El urbanismo en Balears se ha convertido en un campo abonado para la proliferación de ilegalidades, la mayoría de las cuales se acaban consolidando de manera impune. En este sentido hay que celebrar que el Govern plantee la sanción a los infractores, ampliando incluso el plazo para ejecutar derribos de obras fuera de ordenación. La ejemplaridad, en este campo, es imprescindible para romper con comportamientos que generan agravios respecto a los ciudadanos que cumplen las normas. Es preciso crear una nueva conciencia social en Balears en relación al cumplimiento de las exigencias urbanísticas.

Freno a la especulación. Uno de los aspectos más polémicos del texto presentado ayer es, sin duda, el que hace referencia a los límites de los beneficios que pueden generar las recalificaciones urbanísticas, que no podrán superar «lo razonable». Abordar esta cuestión, siempre compleja, es una clara exigencia de los tiempos que corren. No son pocos los casos de corrupción que están vinculados a grandes operaciones inmobiliarias, a enormes negocios vinculados a la especulación salvaje; muchos de ellos conectados con los responsables políticos de turno. En función de la redacción definitiva de la ley se podrá determinar si, como se pretende, Balears –y sus ciudadanos– ha quedado protegida de la codicia urbanística. Todavía estamos en una declaración de intenciones.