05/10/18 4:01
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Por si algo le faltara al concurso para el suministro de agua potable y saneamiento para los próximos 25 años que lleva a cabo el Ayuntamiento de Sant Antoni, el contrato más importante que se haya firmado nunca en el Consistorio portmanyí, una de las empresas que participa en el proceso, nada menos que la actual concesionaria, Aqualia, ha denunciado ante la mesa de contratación que el responsable de los servicios técnicos de su delegación de Baleares dejó la empresa, coincidiendo con la presentación de ofertas y apertura de plicas, para marcharse a trabajar con Facsa. Según Aqualia, esto explicaría la sospechosa coincidencia de puntuaciones en su oferta económica, pues su extrabajador estaba en posesión de información sensible que pudo haber facilitado a su nueva compañía, lo que podría constituir un supuesto delito de «revelación de secretos».

Ni caso.
La mesa de contratación, presidida por el teniente de alcalde Pablo Valdés, se reunió ayer e ignorando la denuncia de Aqualia, que solicita la suspensión del concurso amparándose en la Ley de Contratos del Sector Público, ignoró la denuncia de Aqualia y ratificó el resultado del concurso -que ya avanzóPeriódico de Ibiza y Formentera y declaró a Facsa como la empresa que ha obtenido mayor puntuación. Gracias al informe externo elaborado por la consultora Pw Advisory and Capital Services SL, de Juan Pablo López Heras, investigado por corrupción en el ‘caso Lezo’. El presidente de Facsa, además, ha sido condenado por pagar dinero negro al PP valenciano. Pero a juicio del alcalde Cires, nada de eso es relevante y no ha de apartar a Facsa de ganar el concurso, como ya pronosticamos meses atrás en este mismo periódico.

Sin explicaciones.
Por más que el asunto requiere explicaciones pormenorizadas sobre todo el proceso, el equipo de gobierno municipal del PSOE-Reinicia-El Pi se reafirma en que se ha actuado de forma legal y desafía a que quien crea que hay algo ilícito, que vaya al juzgado. Pero la contundencia del alcalde en nada disipa el oscurantismo y el mal olor que envuelve todo el proceso para otorgar una contrata por más de 100 millones de euros en 25 años. No hay que descartar que alguien tome la palabra a Cires y vaya al juzgado.