Eivissa08/11/18 4:01
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación hoy de un decreto ley que obligará a que la liquidación del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas corra a cargo de las entidades financieras a partir de ahora. Es la medida con la que se quiere contrarrestar la inédita decisión del Tribunal Supremo que reinterpreta una reciente sentencia en sentido contrario, que planteaba la devolución de los importes abonados. La ausencia de la retroactividad y la certeza de que el tributo será repercutido, de un modo u otro, a los clientes explican, en buena medida, la tranquilidad con la que han acogido los mercados bursátiles el nuevo criterio del Tribunal Supremo.

Redacción confusa.
El pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo resolvió, con un tormentoso debate y ajustada votación, modificar un fallo que suponía un duro golpe a la banca española. El impacto económico del impuesto –cuya recaudación está transferida a las comunidades autónomas– se cifraba en miles de millones a la hora de plantear su devolución a los titulares de las hipotecas; sólo en Balears la cifra alcanzaba a 60.000 contribuyentes con una media de casi 4.000 euros. Una confusa redacción del tipo impositivo, que no detalla en la Ley quién es el sujeto pasivo, está en el origen del fenomenal embrollo jurídico y político que ha puesto en entredicho el Supremo.

Evitar subterfugios
Es hora de reclamar de los políticos más transparencia y evitar el doble juego con los contribuyentes. Si se considera que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es una carga excesiva para los ciudadanos que formalizan una hipoteca –cuyos ingresos gestionan las autonomías–, lo que corresponde es proceder a su eliminación. Pretender que los bancos no lo repercutan a sus clientes es un ejercicio de ilusionismo dialéctico que a nadie convence. Más pronto que tarde se evidenciará el truco.