El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Fomento, un decreto-ley de medidas urgentes en el sector de la vivienda, la mayoría de ellas encaminadas a facilitar el acceso a la oferta de inmuebles en alquiler, ampliando la duración de los contratos de tres a cinco años, y el abono de un máximo de dos mensualidades como fianza.
En este paquete normativo no figura ninguna referencia a un tope en el precio de los alquileres. En materia de alquiler turístico, los cambios fortalecen el control de los vecinos sobre las condiciones de su explotación. El anuncio ha sido recibido con opiniones divergentes entre los responsables de los principales portales inmobiliarios del país.
Las leyes del mercado
Al margen del rechazo de Podemos a la validación del decreto-ley por no contemplar la limitación en el precio de los alquileres, la propuesta del Gobierno introduce cambios sustanciales en un mercado cuyos precios al alza están generando, desde hace años, un considerable descontento ciudadano.
Modificar el actual marco de garantías de los propietarios tendrá un efecto en la relación de oferta y demanda actual, pero lo que es una incógnita es determinar en qué sentido lo hará. Ampliar los plazos de duración del contrato y reducir el importe de las fianzas son factores que pueden retraer una oferta ya de por si escasa.
Los próximos meses serán determinantes para calibrar la efectividad de las nuevas normas propuestas por el Ministerio de Fomento.
Hasta el alquiler turístico
En una comunidad como Balears adquiere especial trascendencia la legislación que afectará a los alquileres turísticos, sobre los que las comunidades de vecinos tendrán más poder de control e, incluso, establecer normas específicas para garantizar la convivencia además del prorrateo de los gastos. El tema presenta numerosas aristas que precisan de un elevado consenso para evitar futuros conflictos.
