Tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Palma a nada menos que 16 años de prisión en el marco del conocido como ‘caso Scala’, el expolítico ibicenco ha observado buena conducta y la Junta de Tratamiento de la prisión ha informado favorablemente a la concesión de permisos tras cumplir una cuarta parte de la condena.
Pese a ello, el juez de vigilancia penitenciaria de Palma ha denegado sistemáticamente las peticiones realizadas por el reo. Ha tenido que ser la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, la que haya accedido a que Cardona pueda salir temporalmente de prisión durante 48 horas.
Nula peligrosidad
Es más que evidente que Cardona no supone ningún riesgo para nadie, ni es una persona peligrosa o violenta, además de que la posibilidad de que reincida en el delito es nula, así como que intente evadirse, algo impensable. Desde este punto de vista, es incomprensible que el juez, ignorando los informes de la Junta de Tratamiento, se oponga a un beneficio penitenciario que favorece la reinserción social y que en ningún caso supone una disminución de la pena impuesta.
Cuando la ciudadanía está harta de ver cómo se deja en libertad a condenados por delitos violentos y de gran peligrosidad por su posibilidad de reincidencia, negar los permisos a quien cumple los requisitos legales para poder disfrutarlos solo puede calificarse de encarnizamiento.
Reinserción social
La finalidad de las penas privativas de libertad debe ser la reinserción social de los reos. Así lo establece la Constitución y la legislación penitenciaria.
Si a alguien que muestra buena conducta en la cárcel, no representa ninguna peligrosidad social y reúne los requisitos que la Ley exige para acceder a permisos penitenciarios, le son negados, se hace un flaco favor al proceso de reinserción y, además, se comete una injusticia flagrante.
