Desde el pasado martes ha quedado suprimido el copago de medicamentos, una medida en la que el Govern se había comprometido desde el inicio de la legislatura. Forma parte, en definitiva, del paquete de prestaciones sociales que el Partido Popular eliminó como parte de su estrategia contra la crisis. La recuperación de la tarjeta sanitaria por parte de los inmigrantes ilegales fue el punto de partida del nuevo enfoque que el Pacte ha querido dar a su mandato institucional. La orientación no está exenta de polémica cuando, de manera cíclica, se pone a debate la sostenibilidad del actual modelo de Estado del bienestar que se disfruta en España.
Analizar la experiencia.
Revertir el copago farmacéutico no sólo era un compromiso político de la izquierda, también supone aligerar la carga de miles de pensionistas obligados a sobrevivir con pagas exiguas. En este terreno no cabe la divergencia. No obstante, la adopción de la medida se ha querido hacer de una manera universal, casi indiscriminada pues sólo no afecta a los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales. Es preciso preguntarse si el sistema actual está en condiciones de soportar de manera prolongada la ausencia de una contribución, mínima, en la adquisición de los medicamentos. La gratuidad total también acaba suponiendo un agravio entre aquellos que sólo cobran unos centenares de euros frente a otros con pensiones más generosas. Buscar una fórmula equilibrada hubiera sido el camino más sensato, aunque menos espectacular.
Compromiso político.
Nada garantiza que en el futuro otros gobiernos vuelvan a reintroducir el copago farmacéutico, una prestación que debería quedar al margen de la disputa política. Los grandes acuerdos han quedado apartados de la agenda de nuestros responsables institucionales, siempre más preocupados por el impacto electoral de sus decisiones. Este no siempre es el mejor camino.
