07/06/19 4:01
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El nombramiento del exteniente de alcalde de Eivissa, Alfonso Molina, como miembro del equipo negociador del PSOE para intentar lograr un pacto de gobierno con Podem-EU en el Ajuntament d’Eivissa, es un intento de blanquear a un político que actualmente mantiene la condición de investigado en una causa penal (el caso ‘Ibiza Crea’) por presunta corrupción; y además a quien el SOIB (es decir, el Govern de Francina Armengol), responsabilizó de liderar una trama societaria para cobrar subvenciones hinchadas fraudulentamente con sobrecostes y subcontratos, en cursos a parados. Por esta razón le fue exigida la devolución de 27.000 euros indebidamente percibidos. Y a día de hoy nadie, ni el interesado ni el PSOE, están dispuestos a aclarar si ya ha satisfecho aquella deuda con las arcas públicas o si por el contrario, no lo ha hecho todavía.

Nada que criticar.
Cuando Periódico de Ibiza y Formentera destapó en exclusiva el escándalo que suponía que sobre el concejal de Hacienda de Vila pesasen graves acusaciones de irregularidades para cobrar subvenciones indebidamente con fondos destinados a cursos para desempleados, el PSOE defendió a Molina incluso con mayor vehemencia de lo que él mismo se defendió en algunos medios de comunicación, vetando al único que estaba publicando una información absolutamente real que, a la postre, le obligó a abandonar sus cargos públicos y también los puestos orgánicos en la FSE-PSOE. A ningún socialista le pareció censurable lo que había hecho su compañero y no pocos atacaron a este medio, que se limitó a cumplir con su obligación de informar. El alcalde Rafa Ruiz llegó al punto de exigir explicaciones al conseller de Treball y presidente del SOIB, Iago Negueruela, acusándole veládamente de la filtración del comprometido informe.

Poco ejemplar.
Por ello, no extraña que ahora se pretenda rehabilitar la imagen de Alfonso Molina. Pero tal cosa no puede suceder en tanto en cuanto no dé explicaciones sobre el dinero que le fue reclamado por el SOIB: 27.133,14 euros de una subvención para cursos a parados, en la que el SOIB detectó irregularidades como subcontratar empresas de un «entramado societario» de las que Molina era el «nexo de unión», con el objetivo de hinchar los costes de personal docente, material didáctico e incluso del alquiler del local y aumentar así el beneficio económico. Todo un ejemplo de honestidad.