26/08/19 4:01
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La Guardia Civil y las Policías Locales de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària abortaron ayer una fiesta ilegal en el campo, en concreto, en el espacio protegido de sa Torre d’en Rovira, entre Platges de Comte y Cala Bassa. Los primeros en acudir a la llamada de que se estaba produciendo una fiesta ilegal en este paraje protegido fueron los agentes de la Policía Local de Sant Josep que, viendo la envergadura del acto y la actitud agresiva de los asistentes, reclamaron la colaboración de la Guardia Civil. Ayer por la mañana, la autoridad se personó de nuevo para parar la fiesta y fueron recibidos con golpes y objetos contundentes, como barras de hierro, lo que propició que un agente disparara al aire para disuadir a los agresores. A la llamada de auxilio y colaboración acudieron agentes policiales de toda la isla para proceder al desmantelamiento del evento ilegal. Finalmente, más de 70 personas fueron detenidas por esta fiesta ilegal y varios agentes de policía y Guardia Civil acabaron el servicio con lesiones y contusiones.

Mano dura.
La actuación de ayer pone de manifiesto una realidad preocupante: la sensación de impunidad que hay en la isla. El hecho de que unos organizadores y asistentes a una fiesta ilegal, en medio del campo, con caravanas, coches, altavoces y generadores de gran tamaño, se encaren con los agentes de la autoridad es para reflexionar. La actuación conjunta de ayer de las fuerzas y cuerpos de seguridad deja claro que en Ibiza existe la ley y se debe hacer cumplir. Ante casos como éste, es necesaria la contundencia para que cunda el ejemplo y se transmita que, en Ibiza, no todo vale.

Un problema.
Las fiestas ilegales en Ibiza son uno de los problemas que arrastra la isla como destino turístico. En los últimos años se han ido expandiendo en diferentes villas, así como en parajes naturales, donde se ponen en peligro la vida de las personas y se pueden generar sucesos dramáticos, como incendios. Por ello, los vecinos se deben mantener vigilantes y no desistir en su empeño de llamar a las autoridades cuando detecten síntomas de que se están celebrando. Los ayuntamientos, por su parte, también deben mantenerse vigilantes y rastrear redes sociales, donde muchos de estos eventos se suelen anunciar sin ningún tipo de reparo.