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El cúmulo de irregularidades administrativas acumuladas durante la tramitación del primer concierto, y de momento único, entre el Consell d’Eivissa y la asociación de padres y madres de discapacitados Amadiba y el importe del contrato (380.928,6 euros) son de tal magnitud que hizo bien el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos al llevar al Pleno la propuesta de dar traslado del expediente a la Fiscalía para que ésta determine si hay indicios de delito. El voto a favor y sin rechistar de PSOE, Unidas Podemos y la consellera no adscrita, Marta Díaz, refuerza la legitimidad de una decisión que, en cualquier caso, nadie podría poner en cuestión después de leerse el listado de irregularidades relatadas en los informes del secretario y el interventor de la Corporación.

No vale todo.
Ambos profesionales advirtieron de la ilegalidad del concierto que estaba tramitando sin que fueran aclaradas y subsanadas por el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, una decisión totalmente censurable porque la consecuencia era dejar sin cobrar a la asociación que iba prestar el servicio, como así fue. El escrito del secretario advierte que la innegable labor social que realizan entidades como Amadiba, así como la «vulnerabilidad de un colectivo» no justifican en absoluto que no se apliquen al pie de la letra todos «los procedimientos administrativos establecidos». También introduce los principios de «concurrencia» e «igualdad de oportunidades» para dudar de una suerte de adjudicación a dedo, de la que, no obstante, hay precedentes en otras administraciones. El fin no justifica los medios, viene a decir el jurista.

La punta del iceberg.
El primer concierto fiscalizado es la punta del iceberg del caso Amadiba, ya que la entidad ha venido prestando en precario muchos otros servicios, como queda acreditado en los casi dos millones de deuda de la institución. Al tratarse de recursos públicos, es la obligación de los gobernantes aclarar que la gestión de hasta el último céntimo ha sido inmaculada.