Existe una inusual coincidencia entre todos los agentes políticos, sociales y medioambientales de Ibiza en que la falta de agua es el talón de Aquiles de la isla. A pesar de ello, no hay un plan estratégico a largo plazo con el que revertir esta situación gracias a un planteamiento global que aborde la problemática desde diferentes ámbitos, tales como la reducción de la demanda, la sostenibilidad y recarga de los acuíferos, la producción de agua desalinizada, la reutilización de aguas residuales y la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales, lo que requiere la separación de los anacrónicos colectores únicos que tantos problemas de vertidos generan, y la reducción de las pérdidas en las redes. Es evidente que la multiplicidad de administraciones implicadas en la gestión del agua no ayuda a un enfoque unitario, por lo que urge un pacto de estado y que dicha competencia pase a ser gestionada por un solo órgano bajo la presidencia del Consell d’Eivissa.

Lo que no se mide, no se puede gestionar.
A pesar de que ha mejorado la fiabilidad de los datos, aún es imposible a día de hoy determinar con la exactitud que se merece la magnitud de las pérdidas. Es evidente que lo que no se puede medir, no se puede gestionar, así que el primer paso es conocer el volumen exacto de las fugas.

Acabar con las fugas.
Causa alarma que el dato que da por bueno el Govern balear es que uno de cada tres litros de agua potable se pierde por el mal estado en que se encuentra la red, lo que es una irresponsabilidad mayúscula en un contexto de escasez. Es urgente, por tanto, invertir en que no se pierda ni una gota de agua debido a las fugas, lo que alejaría el riesgo de desabastecimiento y reduciría la factura ambiental que hay detrás de producir y transportar agua desalada que es despilfarrada.