Editorial

La Ley de Capitalidad de Vila, mejorable

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La ambigüedad con la que está redactada la Ley de Capitalidad de Eivissa está permitiendo una interpretación interesada, aunque legítima, al alcalde de la ciudad, el socialista Rafael Ruiz, que está dinamitando el consenso con el que salió aprobada. Han bastando pocos meses de andadura para que afloren las deficiencias de la redacción de un texto que no ha aprendido de la experiencia de la Ley de Capitalidad de Palma, aprobada en 2006, y denota una precipitación excesiva, fruto de las prisas del Grupo Socialista para apuntarse un tanto antes de las elecciones de mayo del año pasado.

«Estudios con precisión».
Hasta que no hayan sido redactados los «estudios con precisión» que se esperan para el mes de abril y que han de determinar «la cuantificación de los costes económicos y sociales para cuantificar la inversión anual (…) y la determinación de los objetivos a los cuales se destinará esta inversión», la ley es un cajón de sastre que admite la interpretación que más convenga en función de los intereses políticos. Ruiz aprovecha esta indefinición para hacer oposición al presidente del Consell d’Eivissa y, en sentido contrario, defender a Francina Armengol. El último caso es reclamar que, además de la parte correspondiente del reparto del Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS), ahora rebautizado como Pla 5, el Consell abone los 1,5 millones de euros contemplados en la ley, lo que sería un agravio notable frente al resto de municipios. En Mallorca, su Consell hace un esfuerzo mucho menor y excluye a Palma de sus PIOS a cambio de los 2,3 millones de capitalidad.

¿Quién paga?
Vicent Marí, el presidente del Consell, garantizó que cumplirá la ley, si bien considera que no tiene sentido añadir compromisos financieros a la institución sin mejorarle los ingresos, que ya están comprometidos para competencias propias. El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, cuestiona la aportación del Consell a Vila y reclama para su municipio una ley de «ruralidad». De todo ello, se concluye que la ley es mejorable y que es urgente acabar con la excesiva ambigüedad.