La marcha de una cincuentena de agentes de la Guardia Civil desvelada por este diario en su edición del pasado sábado no hace más que poner de manifiesto una vez más la precariedad salarial de los funcionarios públicos que son destinados a las Pitiusas. Lamentablemente, la problemática no es exclusiva de la Benemérita y es demasiado habitual que el personal de la Administración del Estado que presta servicio en estas islas aproveche la primera oportunidad para pedir un traslado a otro destino donde su salario le genera una mayor renta disponible gracias a un coste de la vida, en especial de la vivienda, más bajo.
Deberes para el Gobierno.
Las declaraciones de los últimos días de dirigentes socialistas y podemitas tras la investidura de Pedro Sánchez no tendrán ningún valor, si no se atienden las principales carencias de los ciudadanos de estas islas. Una de ellas es adecuar el plus de insularidad, que en 2018 se camufló como plus de productividad, para reducir en la medida de la posible la inestabilidad que genera, especialmente en los cuerpos policiales, la alta rotación de efectivos.
Profesionalidad insuficiente.
Está acreditada y fuera de duda la profesionalidad y dedicación de los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, la diligencia y tesón no son suficientes para cubrir la obvia carencia que supone funcionar con una plantilla con tantas vacantes.
Para prestar un servicio de calidad, es necesario que todos los puestos estén cubiertos debidamente. Y para mejorar la calidad del servicio y, por lo tanto, la seguridad ciudadana es deseable que el personal que está destinado en Ibiza y Formentera goce de una estabilidad que nunca podrá lograrse con las diferencias salariales que se producen con otros destinos más atractivos, donde el salario es proporcionalmente mayor que el que ingresan aquí y en muchas ocasiones, la carga de trabajo, menor.
