Editorial

El alcohol, limitado en el núcleo de Sant Antoni

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La aprobación ayer de un decreto ley para restringir el consumo de alcohol y otras prácticas del conocido como turismo de excesos en el West End de Sant Antoni no permite por sí misma una valoración de los efectos que tendrá. Será necesario un periodo mínimo de, al menos, una temporada para conocer si cumple, aunque sea en parte, los objetivos que han justificado su impulso por parte del Govern, algo que a priori parece difícil.

Sin debate.
De lo que no hay ninguna duda es que la ley empieza con mejor pie del que se había venido anunciando. Se han introducido mejoras sugeridas por los usuarios y las administraciones implicadas, aunque es reprochable que se haya hurtado el debate parlamentario. Es un acierto haber incluido algunas calles más en la zonificación, tal como ha reclamado el Ayuntamiento de Sant Antoni, ya que, en caso contrario, se corría el riesgo de trasladar el foco a las calles que no estuvieran afectadas por la medida, dejando sin efecto la normativa. A pesar de que ni Ayuntamiento ni Consell d’Eivissa hubieran podido analizar el contenido de la misma por la sencilla razón de que no les ha sido facilitado (únicamente, pudieron leer su contenido en una tablet), al final ha imperado el sentido común. No debemos pasar por alto, no obstante, que la tramitación y la aprobación de la norma es un ataque a la autonomía del Consell d’Eivissa. Ésta será la administración que deberá vigilar que la ley se cumple y de imponer las sanciones, en tanto que detenta las competencias en Ordenación Turística. En Mallorca, aún sigue sin comprenderse que es el Consell el gobierno de cada isla. La zonificación de esta ley debió corresponder al Consell d’Eivissa y no al Govern.

Medidas imposibles y discriminatorias.
Hay riesgo de que la zonificación perjudique a unos empresarios y beneficie a otros. Asimismo, incluye numerosas medidas de muy difícil aplicación y sanción, lo que permite concluir que estamos ante otro ejemplo de una norma más pensada en hacer propaganda política que en reconvertir las zonas donde se producen los inaceptables abusos.