La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) no deja lugar a ninguna duda: las desaladoras de Santa Eulària y Ciutadella que impulsó Jaume Matas cuando era ministro de Medio Ambiente no entraron en servicio porque el Govern no cumplió con su responsabilidad al no conectar las instalaciones a las redes de suministro, al contrario de lo que sí hizo con otras dos instalaciones construidas al mismo tiempo en Alcúdia y Andratx. Este hecho propició que el Govern se negara a recepcionar las instalaciones hasta muchos meses después de su finalización.
45 millones de euros.
La sentencia supone que el Govern balear, es decir, todos los ciudadanos de estas islas, pagaremos 45 millones de euros de indemnización al Estado por el sobrecoste que éste ha tenido que asumir con las empresas explotadoras de las plantas en concepto de lucro cesante, es decir, por los beneficios que la ineptitud autonómica, al no conectar en tiempo y forma las desaladoras a las redes de suministro, les impidió generar de forma legítima.
«Una sentencia injusta».
En este contexto, no se entiende que el conseller Miquel Mir califique la sentencia de «injusta», por mucho que su contenido no le guste al ser contrario a sus intereses. Es lógico, no obstante, que agote todas las vías legales ante órganos superiores para tratar de obtener una sentencia favorable o una reducción de la factura millonaria que afrontaremos los ciudadanos de estas islas. Lamentablemente, estamos demasiado acostumbrados a que los tribunales remienden el desprecio de nuestros gobernantes al cumplimiento de sus compromisos con indemnizaciones millonarias, como es este caso. La responsabilidad de los hechos es compartida por el segundo Govern del Pacte presidido por Francesc Antich y por el Ejecutivo de José Ramón Bauzá, lo que evitará que este hecho vergonzoso sea motivo de disputa política. Circunstancia que no esconde el estupor que genera conocer la negligencia con la que actúan en demasiadas ocasiones nuestros gobernantes.
