Están siendo demasiado habituales las constantes rectificaciones e improvisaciones del Gobierno de la nación durante la gestión de la crisis provocada por el Covid-19. El último ejemplo es la descoordinación entre la apertura de las fronteras con los países de la UE, excepto Portugal, anunciada por Pedro Sánchez el domingo por sorpresa, máxime cuando horas antes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había asegurado lo contrario, y la puesta en marcha de un plan para promocionar España fuera de nuestras fronteras. En sendas entrevistas publicadas en este periódico, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el de la Mesa de Turismo, Juan Molas, reclamaron semanas atrás un plan para reactivar el turismo del que todavía nadie conoce los detalles.

Sin tiempo material.
Lo único que sabemos de las intenciones del Ejecutivo es que el jueves, a pocos días de la apertura de las fronteras prevista para el domingo, será presentada la campaña con la que el Gobierno espera contribuir a minimizar los devastadores efectos de la crisis para un sector que supone, según recordó él mismo, más del 12% del PIB nacional y el 15% del empleo. Es obvio que la campaña llega tarde y que el Gobierno está improvisando en este asunto una vez más, a pesar de manejar toda la información y de disponer de todos los instrumentos a su alcance para evitarlo.

Con el pie cambiado.
Todo el sector turístico había venido trabajando con la idea de que la apertura de las fronteras se iba a producir el día 1 de julio, última fecha anunciada también por el propio presidente del Gobierno a finales de mayo, momento en el que se llegó a contemplar que no hubiera temporada, por lo que el adelanto ha pillado con el pie cambiado a mayoristas, aerolíneas y compañías hoteleras. Una semana es poco tiempo para poder adelantar las operaciones que se suelen preparar con mucha antelación, lo que diluirá, sin duda, el efecto del adelanto. El turismo es estratégico para España en general y para Ibiza y Formentera en particular y como tal merece una mayor dosis de responsabilidad y apoyo por parte de un Gobierno de España que hasta ahora se ha caracterizado por no tratarlo como se merece.