El Gobierno preocupa a la administración local

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La falta de respuestas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la petición unánime de todas las administraciones locales (ayuntamientos, consells, cabildos y diputaciones) de que permita usar los remanentes preocupa cada vez más en los equipos de gobierno. No tiene sentido alguno que mientras crecen los gastos y las necesidades y bajan los ingresos, por la propia caída de la actividad económica, como las concesiones de playas, o por decisión política, como no cobrar la ocupación de vía pública de las terrazas, los ayuntamientos y los consells tengan bloqueados millones de euros en las cuentas corrientes de los bancos.

Recursos muy necesarios.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) calcula que los superávits acumulados, desde que la Ley Montoro introdujo la regla de gasto y severas restricciones a la inversión y al uso de fondos para competencias que no eran propias, suman 31.800 millones de euros. En el caso de Ibiza, el monto entre ayuntamientos (190 millones) y Consell d’Eivissa (80 millones) suma 270 millones de euros. No hay mejor oportunidad para permitir a los ayuntamientos y consells invertir los remanentes con el objetivo de reactivar la economía y atender a los más necesitados que ahora. Los 50 millones de euros anunciados por Vicent Marí para los próximos tres años dependen de que haya vía libre para poder disponer de los fondos que no están comprometidos.

¿Por qué no autoriza Sánchez el gasto?
El presidente de Cantabria, el mediático Miguel Angel Revilla, reveló la semana pasada que en cada una de las 14 reuniones que ha mantenido Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos le ha reclamado que libere los remanentes sin que haya obtenido respuesta alguna sobre esta cuestión. La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró hace unos días que «no tiene lógica» tener congelados esos fondos. La única explicación que justifica esta dilación es que el Gobierno esté pensando en gestionarlos directamente, incluso utilizarlos como garantía para avalar la emisión de bonos, tal como ha sugerido un alcalde socialista próximo a Sánchez, lo que supondría un atentado a la autonomía municipal y hurtar a los ciudadanos de unos recursos que han ahorrado en los últimos años.