El debate anual sobre política general que tiene lugar en el Parlament viene marcado, como no puede ser de otra manera, por la adversa coyuntura sanitaria y económica generada por la pandemia. Todos los supuestos tradicionales en este tipo de sesiones han quedado obsoletos frente al escenario que ha generado la COVID-19 en Balears. Esta circunstancia ha facilitado algunas propuestas novedosas, como la colaboración brindada por el jefe de la oposición, el conservador Biel Company, para aprobar los próximos presupuestos autonómicos en base a la contención fiscal, el fomento de la promoción inmobiliaria y el apoyo a las empresas.
Ayudas europeas.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, dibujó ayer un panorama riguroso de la situación en la que se encuentran las Islas. La devastación del sector turístico, principal motor económico, deja una estela de destrucción del tejido empresarial y, por tanto, de puestos de trabajo. Tratar de recurrir a la UE para minimizar esta catástrofe tiene sentido, pero precisa de la complicidad del Gobierno central y ésta no se manifiesta, más bien al contrario si nos atenemos a los antecedentes históricos. Trabar acuerdos con la oposición en esta materia puede ser una línea a explorar desde el Ejecutivo. La situación excepcional que se vive en Balears obliga a entendimientos por encima de las divergencias ideológicas.
Cambios en el Govern.
La necesidad de adecuar la estructura política del Govern al escenario que impone la pandemia fue un requerimiento constante a la presidenta Armengol, una propuesta que no por llegar desde las bancadas de la oposición debe ser rechazada de plano, máxime cuando es necesario reducir al máximo costes prescindibles. Los acuerdos de la coalición gubernamental no pudieron tener nunca en cuenta la crisis de la COVID-19, circunstancia que requiere de una adaptación para lograr la máxima eficiencia en la gestión de esta nueva situación. Sin demagogia, es el momento de saber responder ante el reto.
