El Consejo de Ministros extraordinario convocado de urgencia para esta mañana aprobará la declaración del estado de alarma, un instrumento jurídico que facilitará la aplicación de nuevas medidas restrictivas para frenar el avance del coronavirus en nuestro país. Sin embargo, a diferencia del que se decretó el pasado mes de marzo, en esta ocasión el Gobierno deja que sea cada comunidad autónoma la que disponga –en función de sus datos epidemiológicos– las normas a dictar en sus respectivos territorios. La declaración del estado de alarma está siendo reclamada por numerosas autonomías, en especial las que tienen gobiernos socialistas o nacionalistas –nueve en total–. Balears está entre ellas.
El toque de queda.
Disponer del estado de alarma asegura la legalidad de los toques de queda que de manera más o menos explícita se están imponiendo en las comunidades, algunas de las cuales retrasan la decisión a la espera del apoyo jurídico que se espera obtener con el acuerdo del Consejo de Ministros que, tampoco parece que vaya a tener dificultades en esta ocasión, deberá quedar ratificado por el Congreso de los Diputados. De este modo, todo indica que la fórmula del toque de queda –la restricción a la libre circulación de personas en determinado tramo horario– puede acabar generalizándose en España, si no se controla la expansión de esta segunda ola de la pandemia.
Balears, a la espera.
Balears se ha sumado a la petición de la declaración del estado de alarma que deja abierta la puerta al dictado del toque de queda, una posibilidad que el Govern no descarta aplicar de manera inminente en función de las cifras de contagios. El comportamiento social, con actitudes irresponsables demasiado frecuentes, impiden un descenso efectivo de la incidencia y provoca que las Islas ya estén, según los últimos recuentos, en plena zona de riesgo que justificaría restricciones todavía más severas.
