Cáritas presentó ayer un informe demoledor. España tiene 11 millones de personas en situación de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018, debido a los efectos que en el desempleo y la vivienda está teniendo la pandemia. Los datos de la encuesta, realizada en más de 7.000 hogares, supone una radiografía contrastada del día a día de las familias españolas, de las que sólo un 42 por ciento no tiene ningún rasgo indicativo de exclusión; siete puntos más que hace sólo tres años. Son datos estadísticos de una realidad que sufren a diario miles y miles de ciudadanos y ante la que no es posible darle la espalda. Una sociedad moderna y comprometida como la española está obligada a revertir este problema cuanto antes.
Las colas del hambre.
Las llamadas colas del hambre, personas que acuden a centros que ofrecen víveres para garantizar la alimentación básica de aquellos que se encuentran ya en una situación límite, se están incorporando al paisaje cotidiano de las ciudades y pueblos –circunstancia de la que Ibiza no es una excepción–. Numerosas organizaciones no gubernamentales de nuestro país están asumiendo, con recursos y esfuerzo propios, una tarea indispensable de asistencia social que crece de forma vertiginosa. La brecha social se amplía más y más sin que se vislumbre un cambio de tendencia.
Establecer prioridades.
En un contexto como el que dibuja el estudio de Cáritas, es preciso reclamar políticas públicas decididas para frenar una dinámica que arrastra a millones de ciudadanos hacia la exclusión social, decisiones que se alejan del efectismo y el rédito inmediato pero que son indispensables para garantizar una calidad de vida digna para todos los ciudadanos. Sin excepciones. Estos datos confirman que en la medida que se supera la crisis sanitaria de la pandemia es preciso acometer la crisis social que está provocando.
