Los dos partidos coaligados en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han alcanzado un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –más conocida como ley Mordaza– para introducir importantes modificaciones respecto al texto vigente, aprobado en julio de 2015 por el Partido Popular. Los cambios previstos afectan de un modo directo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado –en especial, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil–, cuyos principales sindicatos no ocultan la incomodidad que les supone la introducción de fórmulas que entienden que menoscaban su autoridad y capacidad de reprimir los incidentes callejeros. El Gobierno tiene la obligación de defender a los agentes y dotarles de los instrumentos necesarios para que defiendan el Estado de derecho, si bien la reforma parece que va en sentido contrario.

Seis cambios básicos.
Suavizar las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes ilegales en los pasos fronterizos, reducir a dos horas el tiempo máximo de identificación en las comisarías, reducción del importe de las multas, regulación de los cacheos y la supresión de la prohibición de la toma de imágenes de los agentes en manifestaciones han puesto en alerta con razón a los principales sindicatos policiales del país. Entienden los respnsables de velar por nuestra seguridad que algunas de las modificaciones que se quieren incorporar a la Ley de Seguridad Ciudadana debilitan su labor en la calle, un problema grave, máxime en unos tiempos en los que la violencia callejera está cada vez más organizada y dotada de medios más sofisticados.

Evitar los abusos.
La Ley de Seguridad Ciudadana es un instrumento esencial para hacer prevalecer el Estado de derecho, razón de más para extremar las cautelas en cualquier reforma. No debe combatirse el corporativismo y los abusos policiales aligerando las herramientas de que disponen y dejando a los agentes más desamparados que en la actualidad. La tramitación en el Congreso ha de corregir estas disfunciones y recuperar la razón de Estado.