El Consell d’Eivissa acierta al reforzar, a través de un convenio plurianual con la entidad Ibiza Preservation, el estudio y análisis de la evolución medioambiental que ha venido haciendo en los últimos años el Observatorio de la Sostenibilidad ante la pasividad de las administraciones públicas. Gracias a este trabajo, la sociedad puede acceder de forma libre a los resultados de los 54 indicadores ambientales que son monitorizados y que forman parte del informe anual de la entidad. De él, destaca, por preocupante, la pérdida de la calidad de las aguas de baño en un plazo de solo diez años.
Depuradoras y vertidos, la causa.
A pesar del parón económico de 2020 a causa de la pandemia, la calidad del agua no mejoró en relación al año anterior y presenta un balance desolador en comparación con los datos de 2010. Hace solo una década, la calidad del agua de los 41 puntos de muestreo analizados fue «excelente». Esta calificación solo fue otorgada a 26 puntos en 2020, 12 pasaron a «buenos» y tres, a «suficientes». Detrás de este retroceso se encuentra el deficiente estado de las depuradoras que, como la de Vila, vierten millones de litros de agua fecal al mar, así como los vertidos incontrolados. El Govern no está haciendo bien su trabajo y, además, tampoco está mostrando un especial interés en traspasar la responsabilidad al Consell d’Eivissa para que lo haga. El gobierno insular tampoco parece especialmente interesado en recibir tamaña responsabilidad con un preocupante déficit histórico en inversión. Sobran las razones para redoblar los esfuerzos para revertir una situación que, además de las obvias razones ambientales, puede poner en peligro la industria turística.
Problema de estado.
Si no se frena la degradación de la calidad del agua de baño, el problema puede acabar poniendo en riesgo la actividad económica de las zonas que se vean afectadas, además de dañar la imagen de la isla. Merece que todos los implicados hagan más de lo que han venido haciendo.
