Ibiza19/12/21 3:59
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El deshaucio forzoso del bloque A de los apartamentos Don Pepe se ejecutó el viernes por la mañana entre muchas lágrimas y dolor de la treintena de familias afectadas, que salieron de sus hogares de manera pacífica. Al desahucio acudieron agentes de la Guardia Civil de Palma, así como la Policía Local de Sant Josep, pero ningún miembro del equipo de gobierno ni el primer edil josepí y, por supuesto, el actual conseller balear de Vivienda y exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas. Tras la salida forzosa, los vecinos acudieron al Consistorio de Sant Josep a exigir explicaciones al alcalde. Entraron en masa y pidieron, con mucha rabia y dolor, explicaciones a Ángel Luis Guerrero, quien inicialmente no quiso departir con ellos, pero recapacitó y fue escuchando las peticiones de los vecinos en grupos de diez en diez.

Injusto.
Sant Josep insiste en que el edificio es un peligro, que es ilegal y que amenaza ruina, algo que rebaten los vecinos con informes que han presentado al Consistorio y a la autoridad judicial que expresan que el edificio se puede reformar y subsanar las deficiencias sin que represente un peligro para la vida humana. La realidad es que actualmente estas familias han tenido que dejar atrás su hogar; un hogar en el que han estado pagando impuestos de viviendas legales al Ayuntamiento, como IBI o tasa de basuras, durante más de 30 años. Ahora, se encuentran en la tesitura de abandonar sus casas y seguir pagando las hipotecas que en su momento les concedieron.

Soluciones.
La solución a la difícil situación de estas familias no pasa únicamente por concederles ayudas económicas, que a buen seguro tendrán un plazo determinado en el tiempo. El Govern debe escuchar a los vecinos y buscar una solución a esta dramática realidad. Hasta el momento, el Ejecutivo autonómico ha rechazado, entre otras cosas, la propuesta del PP para modificar el decreto ley 8/2020 de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica. A principios de mes se acordó que se celebrarían reuniones entre Govern, Consell d’Eivissa y Ayuntamiento para encontrar una solución administrativa al edificio. Queda por ver si se materializará en algo o se quedará sólo en buenas intenciones.