El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer un importante paquete de medidas económicas aprobadas por el Consejo de Ministros para tratar de paliar el impacto de la inflación, en especial entre los colectivos más vulnerables. A la ya conocida rebaja en el IVA de la factura eléctrica, que pasa del 10 al 5 por ciento, se añade un bono de 200 euros a las familias y autónomos con ingresos inferiores a los 14.000 euros anuales; alrededor de 2,7 millones de beneficiarios. También, aunque con efecto a partir de enero del próximo año, se incrementará la tributación de las compañías eléctricas al tiempo que se prolongan las actuales subvenciones a los precios de los carburantes.
Toma de conciencia
Con este conjunto de medidas, el Gobierno trata de adelantarse al creciente incremento del descontento social por la merma de capacidad adquisitiva de los consumidores y competitividad empresarial a cuenta de la inflación. Lo que se anunció meses atrás como una situación coyuntural adversa se está cronificando, además con una especial incidencia entre los segmentos más desfavorecidos de la población. Y es que las subidas de precios se están cebando de manera muy especial en los productos básicos de la cesta de la compra –alimentación, luz, gas y carburantes–. Algunos colectivos, como el de los transportistas, anuncian la reactivación de las movilizaciones y protestas.
Medidas estructurales
En un contexto como el actual no hay duda en la oportunidad del Gobierno, pero también es preciso reclamar una estrategia que alcance la raíz del problema. Incrementar la tributación de las compañías eléctricas, por ejemplo, no supone una baja del precio que pagan los consumidores por el kilowatios. Hacen falta acciones de calado, muchas de las cuales requieren el compromiso del conjunto de la UE, para poder embridar un problema –la inflación– que empobrece a los ciudadanos.
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