Editorial07/10/23 0:31
TW0

La Fiscalía reclama a ‘El Ico’ una condena de 52 años de prisión por falso testimonio y siete detenciones ilegales al provocar con sus declaraciones falaces el ingreso en prisión de policías locales y funcionarios municipales. Todo ello, dentro del ‘caso Cursach. Entre 2015 y 2016, la versión de un narcotraficante convicto fue tomada como cierta por un juez, Manuel Penalva, y un fiscal, Miguel Ángel Subirán. Casi cualquier agente señalado por el hijo de la antigua matriarca de Son Banya, ‘La Paca’, corría el riesgo de ingresar en prisión con episodios vergonzantes como los careos a los que el juez sometió a agentes con el narco, para luego enviarles a la cárcel. Una humillación gratuita para la Policía Local de Palma.

Dureza acusadora.
El escrito del Ministerio Público culpa a ‘El Ico’ de ser cooperador necesario en las privaciones de libertad de seis policías y un funcionario. Es una calificación dura que se basa en el precedente de una mujer que denunció que le habían pegado la vagina con pegamento para incriminar a su pareja y enviarla a prisión. Junto al hijo de ‘La Paca’, está acusado otro antiguo testigo protegido. Ambos declararon más de una decena de ocasiones ante el Grupo de Blanqueo y en el juzgado de Instrucción para ampliar las denuncias iniciales. La dureza de la calificación señala las consecuencias que estos hechos pueden tener para otros testigos protegidos del caso como la ‘madame’ o ‘El Trilero’.

Cooperador necesario.
Es evidente que el ahora acusado no ordenó el ingreso en prisión de nadie. No podía hacerlo. El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, como juez instructor decidió archivar todo lo que derivara de ‘El Ico’ para Penalva y Subirán. Sin embargo, uno era el que firmaba los autos de ingreso en prisión y el otro el que solicitaba la medida para los policías locales. Ya fuera por imprudencia o de forma consciente, ambos decidieron convertir a alguien tan dudoso en prueba suficiente para privar de libertad a siete personas. Una actuación lamentable.