Varapalo del Supremo al Gobierno con el reglamento de Costas

La sentencia del Tribunal Supremo que anula el reglamento de Costas del año 2022 por omisión del trámite de consulta pública demuestra que el consenso y el diálogo es primordial en la reordenación de un aspecto tan sensible a nivel económico y social como es la costa. Y es que no todos los puntos costeros del país son iguales, algo que obvió el Gobierno al sacar adelante el real decreto de 2022, que podría haber afectado a unas 1.500 empresas de Ibiza y Formentera, además de a ciudadanos particulares. El documento impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez cambiaba las reglas del juego escudándose en el cambio climático, pero la realidad es que modificaba conceptos aprobados desde hacía muchísimos años como el sistema dunar o bien el silencio administrativo, que directamente pasaba a ser un ‘no'. Este cambio afectaba especialmente a las Pitiusas, en concreto a Formentera, y sus ciudadanos decidieron no quedarse callados, por lo que se constituyeron como plataforma y pelearon judicialmente la decisión unilateral del Ejecutivo central. En paralelo, tanto el Consell d'Eivissa como el de Formentera presentaron alegaciones y recursos por la vía contencioso-administrativa.