El denominado ‘caso Koldo’, investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre una trama relacionada con el cobro de comisiones irregulares por contratos de venta de mascarillas a varias administraciones en plena pandemia de coronavirus, continúa en plena erupción. Al margen de la tormenta política que ha generado el asunto –el PSOE ha iniciado el proceso de expulsión de José Luis Ábalos y éste se ha pasado al grupo mixto–, la sucesión de informaciones sobre el caso han originado un maremágnum casi indescifrable.
El caso salpica al anterior Govern.
Balears fue una de las comunidades que recurrió a los servicios de Soluciones de Gestión, adjudicataria de los 9 contratos de compra de mascarillas por varios ministerios y gobiernos autonómicos por un importe de 54 millones de euros que investiga la Audiencia. En este contexto, el anterior Govern adquirió en mayo de 2020 un lote por valor de 3,7 millones a través de un procedimiento de urgencia. Cabe recordar que el material sanitario escaseaba y que las propias comunidades rivalizaban entre sí por hacer acopio de mascarillas y otro tipo de productos. Fue el Ministerio de Fomento de Ábalos quien ofreció los servicios de Soluciones de Gestión.
La gran pregunta.
Los problemas llegaron cuando el Govern se percató de que el material que había llegado no se correspondía con lo que había comprado. Había pagado por mascarillas quirúrgicas y éstas no pasaron el control de calidad. De forma difícilmente comprensible, el material quedó guardado en un almacén y hasta tres años después no se inició reclamación alguna. ¿Por qué? Hasta ahora, nadie del Pacte, incluida la propia expresidenta Armengol, ha sido capaz de responder a la gran pregunta. Sin duda, más allá de batallas políticas, la ciudadanía merece una explicación, entre otras cosas, porque se trata de dinero público.
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