El informe de la Conselleria d'Obres Públiques del Govern de les
Illes en el que se apuntan fallos que pueden acabar provocando la
desactivación de la moratoria urbanística supone un nuevo varapalo
al equipo progresista de gobierno del Consell Insular. Se trata de
algo más que de un detalle que tan sólo enturbia una iniciativa que
nació con polémica y que se ha desarrollado con dificultades entre
las que no ha faltado un encontronazo judicial; es la confirmación
de que a pesar de que el Consell se ha conducido con aparente
confianza a lo largo de todo el proceso de gestión y ejecución de
la norma existen dudas más que razonables sobre la fórmula elegida,
y no sólo por la ya denunciada falta de consenso (tanto político
como social) en torno a ella.
Este nuevo toque de atención, sin embargo, no sorprende desde el
momento en que el intento de detener el ritmo de construcción que
sufren las Pitiüses se gestó de forma urgente y, como parece, sobre
la base de unos informes jurídicos que dejaron pasar por alto
detalles que pueden acabar siendo de una importancia vital. La
moratoria urbanística, aunque más tibia de lo que temía el sector
de la construcción y los propietarios de terrenos que tienen
intención de construir en ellos, es el examen más importante en la
aún corta trayectoria del equipo de gobierno progresista y por eso,
y por la trascendencia económica de lo que se legisla, tiene tanta
importancia que todo esté atado y bien atado. No se trata de que la
moratoria esté sometida a un intenso ataque político, sino de que
esté blindada en lo legal y parece, como apunta el informe jurídico
del Govern balear, que no lo está; se trata de que cada una de las
actuaciones de la principal institución política de las Pitiüses
consiga hacer ver que se respeta al máximo la ley, el principal
objetivo de la democracia.
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