Ha saltado la voz de alerta en la Conselleria de Treball tras
una inspección rutinaria del uso de los fondos que la Unión Europea
destina a patronales y sindicatos para la realización de cursos de
formación. No es un asunto sin importancia. Nuestro país se
encuentra aún lejos de lograr la ansiada convergencia con Europa,
que no es otra cosa que sus ciudadanos gocen de los mismos
derechos, oportunidades y bienestar que los que mejor viven del
continente. Y para ello es fundamental acelerar un montón de
procesos en pocos años, de forma que nuestro país avance a más
velocidad que el resto "en muchos aspectos: económico, social,
educativo, sanitario..." para así lograr alcanzar a los primeros de
la fila en un periodo lo más breve posible.
Ahí es donde actúa la Unión Europea a través de sus fondos de
cohesión, partidas multimillonarias destinadas a ayudar a sectores
que necesitan un buen empujón para ponerse al nivel europeo. Y
entre esos sectores se encuentra el laboral, que recibe miles de
millones destinados a formación.
En Balears parece que no podemos dar ejemplo. En la inspección
llevada a cabo por el Govern se ha descubierto que prácticamente
todas las entidades beneficiarias han cometido irregularidades,
hinchando las facturas o desviando el dinero a otros fines. Un
escándalo. Sobre todo porque se perjudica a quien tiene derecho a
beneficiarse de esos fondos, o sea, los trabajadores sin formación
que gracias a ese dinero podrían optar a un estatus laboral
mejor.
Conviene que se investigue a fondo, para esclarecer si estas
ayudas se utilizaban en la financiación irregular de patronales y
sindicatos. Sería muy lamentable que se descubriese y confirmase
oficialmente lo que se sospechaba: que muchos cursillos de
formación eran una simple tapadera.
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