Después de mucho hablar sobre la remodelada ley de extranjería,
el texto aprobado por el Parlamento de la nación gracias al apoyo
del Partido Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria entra
hoy en vigor, seguramente poniendo los pelos de punta a más de uno.
Se trata de una normativa restrictiva, que no afronta el fondo del
problema y que opta por la solución policial "la expulsión" para
intentar resolver una situación que se ha desbordado en los últimos
meses. Es cierto que España está recibiendo a diario a inmigrantes
que llegan con lo puesto con la esperanza de iniciar una vida
mejor, y también es verdad que muchos de ellos llegan engañados por
las mafias organizadas que se aprovechan de la situación. Por eso
era necesario regular las cosas y poner límites férreos a la
actuación de estas redes ilegales.
Sin embargo, es dudoso que este texto pueda conseguirlo. Lo que
sí logrará, en cambio, es arrancar de cuajo a miles de personas
algunos de los derechos fundamentales que tienen por vivir en un
país democrático, humanitario y justo. La educación, la sanidad, la
vivienda y el trabajo les serán negados a estas personas por el
mero hecho de no tener los papeles en regla, además del derecho a
la reunión, la manifestación o la sindicación, aunque está claro
que ante la amenaza de una expulsión inmediata pocos tendrán ganas
de manifestarse para ponerse al alcance de la policía.
Lo peor de esta cuestión es que, al ponerles fuera de la Ley,
los inmigrantes «ilegales» quedan condenados a la marginación, lo
que les hará fáciles presas de las mafias delictivas. Nada se
soluciona, pues. Al contrario, cada día seguirán llegando a
nuestras costas y, mientras muchos empresarios reclaman mano de
obra "que nuestros parados no quieren aprovechar", los que
necesitan perentoriamente un trabajo y una vida dignos se ven
condenados al ostracismo.
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