La puesta en libertad bajo una ridícula fianza de cinco millones
de pesetas de un narcotraficante que, en cuanto ha puesto un pie en
la calle ha huido, ha desatado una lógica polémica en todo el país.
En demasiadas ocasiones las decisiones de los jueces nos parecen, a
los ciudadanos de a pie, descabelladas, sobre todo cuando afectan a
la seguridad del resto de las personas. Pero este caso en
particular reúne una serie de condiciones que lo convierten en
insólito: sólo faltaban 23 días para el juicio, dos de los jueces
ni siquiera leyeron los informes y el fiscal había advertido del
enorme riesgo de fuga si la decisión se tomaba.
Y, en efecto, se tomó. Hoy hay un delincuente más en la calle y
una constatación clara de que el sistema judicial no funciona o lo
hace mal. El Consejo General del Poder Judicial se limita a enviar
el asunto a la Fiscalía General del Estado para que establezca si
existen indicios de delito de prevaricación, una acusación, en este
caso, prácticamente imposible de demostrar, y remitir el expediente
a la Comisión Disciplinaria del propio Consejo. Lo que está claro,
y no hace falta ninguna investigación, es que existe una flagrante
dejadez en el oficio de unos profesionales que juegan con la
seguridad de las personas y con la justicia de todo un país. Quizá
eso no sea constitutivo de delito, pero sí es cuestión que deben
afrontar las autoridades políticas con la máxima seriedad, pues
aquel famoso pacto PP-PSOE para mejorar el sistema judicial parece
estar teniendo poco efecto. Hay que estudiar con detenimiento el
comportamiento de estos jueces "que ya tienen en su currículum el
haber liberado a los miembros de Ekin que el juez Garzón había
ordenado encarcelar" y promover actuaciones ejemplarizantes que
tranquilicen y devuelvan la confianza en la justicia.
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